Por: Joe Urbina

Es una de las preguntas más recurrentes en el debate sobre la seguridad vial en nuestra isla: ¿por qué, si los ciclistas comparten la carretera con los autos, no se les exige el pago de un marbete o una tablilla? Lo que para algunos parece una falta de regulación es, en realidad, una norma global fundamentada en tratados internacionales, eficiencia económica y la propia estructura legal de Puerto Rico. Aquí desglosamos las razones técnicas de por qué registrar bicicletas es, simplemente, una idea ineficiente.

La base legal: el motor marca la diferencia

La razón principal es de naturaleza jurídica. El marbete nació históricamente como un impuesto y un registro para regular los vehículos de motor.

A nivel internacional, la Convención de Viena sobre el Tránsito Vial de 1968 establece una distinción clara: un “ciclo” es un vehículo impulsado por esfuerzo humano. En nuestra jurisdicción, la Ley 22 de Puerto Rico sigue esta misma lógica. El sistema de registro, seguros obligatorios (ACCU/ASC) y marbetes se diseñaron para gestionar el riesgo, la velocidad y el peso de los motores. Al ser de tracción humana, la bicicleta queda fuera de esta categoría regulatoria por definición técnica.

El factor infraestructura: ¿quién daña la carretera?

El costo del marbete se justifica, en gran medida, para costear el mantenimiento de las vías. Sin embargo, el daño que un vehículo causa al pavimento es proporcional a la cuarta potencia de su peso por eje.

Un automóvil promedio pesa unas 4,000 libras.

Una bicicleta, con su ciclista, rara vez supera las 200 libras.

El desgaste que una bicicleta produce en el asfalto es virtualmente inexistente. Cobrarle a un ciclista por el “uso” de la infraestructura sería equivalente a cobrarle a un peatón por desgastar la acera con sus zapatos.

Un fracaso administrativo: cuesta más de lo que recauda

Ciudades como Toronto, en Canadá, intentaron implementar sistemas de tablillas para bicicletas y fracasaron. La razón es matemática pura.

Burocracia costosa: crear una base de datos de miles de bicicletas, fabricar tablillas de metal y procesar pagos en el CESCO requeriría una inversión millonaria.

Recaudo mínimo: para que el cobro sea justo, el marbete de una bicicleta debería costar apenas unos dólares. Al final, el gobierno gastaría mucho más dinero administrando el sistema que lo que lograría recaudar. Es una pérdida neta para el pueblo.

Incentivo a la salud y al ambiente

Hoy día, la política pública moderna busca fomentar el uso de la bicicleta, no castigarlo. Imponer trámites burocráticos y costos adicionales actúa como una barrera que desincentiva a la gente a pedalear.

Cada ciudadano que elige la bicicleta en lugar del auto ayuda a reducir la congestión en nuestras avenidas, baja los niveles de contaminación y disminuye los costos en salud pública relacionados con el sedentarismo y la obesidad.

La imposibilidad de la fiscalización

¿Cómo se regula la tablilla de un niño de 8 años que corre en su urbanización? ¿Qué pasa con las bicicletas compartidas o los turistas que visitan la isla con su equipo? La fiscalización policial se volvería una pesadilla logística, desviando recursos de seguridad pública para perseguir etiquetas de metal en aros de bicicleta.

No se trata de “inmunidad”. El ciclista, según la Ley 22, tiene los mismos derechos y obligaciones que un conductor: debe respetar semáforos, señales de pare y el flujo del tránsito. Sin embargo, el marbete y la tablilla son herramientas diseñadas para el riesgo del motor.

Como siempre decimos en nuestra comunidad: “No compitas con nadie, solo supérate a ti mismo”. Nos superamos como sociedad cuando entendemos que la bicicleta no es un estorbo, sino una pieza clave para un Puerto Rico más saludable y con menos tapones.

¿Deseas conocer más sobre tus derechos y deberes en la vía? Sintoniza la Sección de Ciclismo todos los viernes en la edición de las 11:30 am de Notiseis por WIPR Canal 6 y escucha «Todo Ciclismo» los martes y jueves de 11:00 AM a 12:00 PM por WIPR 940 AM.