El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), William Villafañe Ramos informó el lunes, que presentó una legislación, por petición, con el fin de enmendar la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico, a fin de eximir de la licencia local de veterinaria a galenos de esta especialidad que brinden sus servicios en la Isla mediante una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de animales.

La enmienda a la ley se presenta para fines exclusivos de una situación de emergencia declarada por el gobernador en turno mediante orden ejecutiva.

Según explica la exposición de motivos, “Puerto Rico existe una sobrepoblación de mascotas abandonadas y una gran cantidad de ciudadanos que no cuentan con los medios económicos para suplir los servicios veterinarios que necesitan. Debido a esta situación, que empeoró luego del huracán María, varias organizaciones de Estados Unidos se dieron a la tarea de traer clínicas de esterilización gratuitas a Puerto Rico”.

El legislador apuntó en comunicación escrita que “es evidente la necesidad de facilitar estos servicios, más aún cuando se ofrecen sin costo y en ánimo de mejorar las condiciones salubristas de los animales en Puerto Rico”.

Las órdenes ejecutivas 2020-15 y 2020-18, basadas en una política pública dirigida a garantizar el bienestar y la protección de animales, permitían a organizaciones sin fines de lucro proveer protección, albergue y servicios veterinarios.

No obstante, a raíz de una demanda incoada por tres veterinarios licenciados en Puerto Rico, se emitió una sentencia que declaró nulas las mencionadas órdenes ejecutivas por eludir el requisito de licenciamiento local para brindar los correspondientes servicios veterinarios.

La comunidad de bienestar animal en Puerto Rico está altamente indignada con el resultado de esta demanda, ya que evitaría que estas clínicas de esterilización continúen ofreciendo su asistencia gratuita a nivel local.

Cabe destacar que el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico nunca favoreció la demanda que presentó el trío de veterinarios para invalidar las órdenes ejecutivas que permitían a veterinarios de otras jurisdicciones realizar esterilizaciones en Puerto Rico.

Villafañe resaltó que “mediante este cambio en la Ley 194 [de 4 de agosto de 1979, según enmendada], que regula la profesión veterinaria en Puerto Rico, se da viabilidad a eventos como el Spayathon4PR que han probado ser exitosos al atender las necesidades de servicios veterinarios, tales como la esterilización, de modo masivo”.

Se informó que las organizaciones que ayudaron en las esterilizaciones gratuitas sometieron licencias de otros estados al Colegio de Veterinarios de Puerto Rico, según la Humane Society de Estados Unidos.

De acuerdo con las estadísticas que publicó el Humane Society, dichas clínicas de esterilización fueron de gran beneficio a nivel local: 52,524 mascotas fueron esterilizadas en Puerto Rico y un 63.9 por ciento de las mascotas nunca habían visitado a un veterinario.

Además, se informó que 70.72 por ciento de las mascotas nunca habían recibido vacuna para la rabia; 41.83 por ciento ya había tenido por lo menos una camada; y 316,680 mascotas tuvieron nacimientos evitados.

“Esta es una oportunidad para ver más allá de los intereses económicos individuales y enfocarnos en la salud pública de la Isla. Agradecemos encarecidamente a todos los profesionales de la salud que han aportado a cada una de las clínicas de esterilización que han tenido lugar en Puerto Rico. Esperamos que esta medida tenga una pronta respuesta de la legislatura, para el beneficio salubrista de nuestras mascotas y de nuestra sociedad”, concluyó Villafañe Ramos.