El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera respondió el martes al señalamiento emitido en un informe de la Oficina del Contralor sobre el pago adeudado de las máquinas de escrutinio electrónico pero aseguró que está al día con la compañía Dominion.
“En primer lugar, en lo que respecta al pago de 2.6 millones de dólares correspondiente al año fiscal 2017-2018, es correcto lo que plantea el informe. El pago no se realizó en el plazo establecido. Debo resaltar que esta gestión administrativa ocurrió antes de que este servidor comenzara en el cargo. Desde que llegué a finales del 2018, ha sido mi norte solicitar y obtener los fondos necesarios para realizar el pago”, dijo Dávila Rivera en comunicación escrita.
“Se solicitó esta partida en el presupuesto del año fiscal 19-20, pero la Junta de Control Fiscal (JCF) vetó la partida. Luego se presentó un planteamiento ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto solicitando una partida de los fondos CAPEX a principio de este año fiscal para pagar la deuda. Procuramos que la Asamblea Legislativa aprobara la Resolución Conjunta de la Cámara 526 mediante la cual se asignaban los fondos para pagar la deuda con Dominion. Esta Resolución también fue vetada. Finalmente, luego de reunirnos con la JCF hace unas semanas, se nos autorizó la partida solicitada para pagar esta deuda”, añadió.
“Le puedo manifestar sin ambages al Pueblo de Puerto Rico que luego de mucho esfuerzo, nos hemos puesto al día con la compañía Dominion. Dicho de otro modo, ya la CEE no tiene deuda pendiente con la compañía Dominion. Incluso, ayer mismo me comuniqué con John Poulos, Chief Executive Officer y confundador de Dominion Voting Systems, y me manifestó que está comprometido con la relación contractual que suscribió con la CEE”, continuó.
La Contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso informó que emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Comisión Estatal de Elecciones.
El Informe revela que ninguno de los contratos de servicios profesionales y consultivos, incluyó la cláusula de no deuda de pensión para el sustento de personas de edad avanzada. Otros contratos y enmiendas carecían de cláusulas que establecieran que el contratista no estaba obligado a satisfacer pensión alimentaria, o que la Comisión podría cancelar el contrato mediante notificación previa de 30 días.
Los auditores de la Contraloría hallaron también que faltaban documentos en los expedientes de los contratos como: la certificación de Radicación de Planillas de Hacienda, Deuda por todos los Conceptos del CRIM o, el Good Standing del Departamento de Estado, entre otros.
La auditoría de dos hallazgos señala que el contrato formalizado del 21 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 con una compañía de publicidad por 3.3 millones de dólares, tenía una cláusula, contraria a la reglamentación, que permitía pagar a la compañía de publicidad una comisión entre el 15 y el 20 por ciento del importe facturado. La Carta Circular 1300-02-12 establece que debe ser el 15 por ciento del costo neto de la facturación. En sólo tres facturas que totalizan 239,672 dólares, se identificaron pagos en exceso por 18,429 dólares.
“Por tanto, se recomienda al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que evalúe todos los pagos realizados a la compañía de publicidad y de haberse pagado en exceso, realice el recobro que corresponda”, expresó Valdivieso en comunicación escrita.
El Informe indica que la CEE no ha cumplido con el pago de 2.6 millones de dólares que debió realizarse el 1 de julio de 2017, a la compañía del sistema de escrutinio electrónico. El contrato firmado en el 2015, establece un itinerario de 12 pagos hasta su vigencia en el 2024, en la cual la CEE pasará a ser la propietaria del equipo, programas y servicios.
Además, la Comisión no realizó el mantenimiento preventivo a las baterías, en el 50 por ciento de las 6,075 máquinas de escrutinio electrónico, Optical Scanning System (OpScan) según requerido por el Manual 2.09- Democracy Suite ImageCast Precint System Maitenance Manual.
“Esta situación puede ocasionar que la compañía no brinde los servicios contratados y se afecte el escrutinio electrónico en próximos eventos electorales”, opinó la contralora.
Explicó que en particular, entre mayo y agosto de 2018, se planificó y realizó un ejercicio de mantenimiento preventivo en dos fases cuyo resultado fue que 618 máquinas no encendieron y no cumplieron con la primera fase que es cargar las baterías. La segunda fase, en mayo de 2019, se encontraba en el proceso de realizar y consistía en verificar el proceso de escanear las papeletas y que funcionaran correctamente.
El Informe, segundo de la Comisión Estatal de Elecciones, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
