La procuradora de las Mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, criticó la falta de colaboración por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y del Departamento de Justicia (DJ) con su dependencia a la hora de trabajar los casos de desaparición y secuestro de mujeres.
Sus expresiones fueron vertidas ante la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix G. Lassalle Toro, que inició una investigación en torno al aumento de estos casos, particularmente entre mujeres y niñas en la Isla. Esto, justo un día después que fuera encontrado el cadáver de la joven Rosimar Rodríguez, quien fue secuestrada frente a su hogar, caso que ha impactado la opinión pública.
Boria Vizcarrondo informó que el pasado 23 de este mes la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) convocó una reunión de emergencia con personal del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de la Familia y el Centro de Ayuda de Víctimas de Violación del Departamento de Salud “ante la situación alarmante en Puerto Rico por la desaparición de más de 20 mujeres incluyendo menores de edad”.
La licenciada manifestó que estos esfuerzos se dieron debido “a la falta de comunicación con la OPM por parte de las agencias de ley y orden, quienes son las llamadas y autorizadas a investigar, manejar y procesar situaciones de esta índole”. Luego de esta reunión, según la funcionaria, le solicitó información a las agencias mencionadas.
Además, sostuvo que estos casos “reflejan un claro menosprecio a la dignidad que cobija a todo ser humano, específicamente, a la de las niñas y mujeres del país. Desde el comienzo de nuestras labores en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres hemos fomentado y promovido toda legislación y política pública que atienda el bienestar y mejoría de nuestras mujeres y niñas”.
A preguntas de Félix Lassalle Toro, tanto la Lcda. Coralys Veguilla, directora de asuntos legales de la Administración de Familias y Niños (ADAN), como el Lcdo. Iván Soto Vergés, director de la División de Legislación del Departamento de Justicia, alegaron desconocer que la OPM había solicitado esta información.
“Nosotros estamos absolutamente en disposición de cooperar con cualquier petición de la OPM”, dijo Soto Vergués.
Por su parte, Veguilla indicó desconocer que la OPM hubiese pedido colaboración en torno a los casos de menores, que son los que atiende ADFAN, que es parte del Departamento de la Familia (DF).
Mientras que la trabajadora social Yolanda Rosario Álvarez, del DF y que está a cargo de los menores ubicados en establecimientos residenciales, comunicó que esta agencia tiene a 21 menores evadidos que están bajo la custodia del DF.
Rosario Álvarez explicó que en la mayoría de los casos, son jóvenes de más de 18 años, que no están dispuestos a seguir la disciplina que imponen en estos centros, por lo que huyen y se “auto ubican” con familiares.
La trabajadora social puntualizó que la agencia los cataloga como evadidos, ya que están bajo la custodia del DF hasta que cumplan los 21 años, por lo que deben hacer gestiones para encontrarlos y regresen al establecimiento residencial, que la agencia decidió que estuvieran.
Al ser cuestionadas por el representante Jesús Manuel Ortiz, las funcionarias indicaron que no existen casos de menores de 18 años evadidos de los hogares de crianza. Ambas agencias indicaron que existen los instrumentos y las leyes para atender estos casos, pero que cada uno es tratado de forma individual debido a las circunstancias que le rodean.
Asimismo, manifestaron que cada caso de desaparición inicia con una querella que es sometida ante el NPPR para investigar los particulares del caso y así determinar si se trata de una desaparición porque la persona es víctima de violencia de género o si es un secuestro.
El NPPR, que fue citado en el día de hoy, no compareció a la vista pública por lo que el presidente de la Comisión, Lassalle Toro, anunció que la agencia será citada nuevamente. También, indicó que se propone invitar a personas que trabajan diariamente en este tema para conocer las razones que hay detrás de esta problemática y qué legislación es necesaria para atajar esta situación.
“Aquí no venimos a juzgar a nadie, aquí venimos a buscar soluciones; a crear la conciencia sobre lo que está sucediendo y cómo podemos aunar esfuerzos para poder colaborar ya que un solo secuestro, una sola desaparición es demasiado”, dijo Lassalle Toro, quien enfatizó que es necesario conocer en qué se está fallando y hacia dónde hay que dirigirse para evitar estos sucesos.
En esa misma línea, la representante de la zona oeste, Maricarmen Mas Rodriguez, pidió proactividad y dijo que el aumento en este tipo de casos “nos levanta bandera de que algo no está funcionando bien. Lo que queremos es buscar soluciones no venimos aquí a echarle culpas a nadie; si queremos que esta situación se atienda de una manera eficiente y ver dónde estamos fallando”.
