La Oficina de la Procuradora de las Mujeres expresó ayer su apoyo a una medida legislativa que propone un estudio comprensivo para determinar si el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) cumple con su plan de reorganización y sus funciones en beneficio de la población penal, así como con el establecimiento de procesos de rehabilitación a fin de fomentar la integración a la comunidad. Asimismo, expresó preocupación ante situaciones que podrían constituir discrimen contra las confinadas en el sistema carcelario.
“Desde que iniciamos nuestro trabajo en defensa de las mujeres, hemos identificado una situación preocupante entre nuestras confinadas en torno a los programas de bonificación y las diferencias que existen entre los beneficios a los cuales tienen acceso los confinados varones. En relación con este asunto, el pasado 15 de abril de 2019, sostuvimos una reunión con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la que cuestionamos el por qué las confinadas no son consideradas para participar en las brigadas de ornato, cuando no existe distinción por género en el Plan de Reorganización de la agencia. El no considerar a las confinadas para estas labores pudiera limitar significativamente sus oportunidades de una ágil reinserción en la sociedad y pudiera constituir discrimen”, alertó la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, en su ponencia ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Asimismo, la funcionaria sostuvo que, “para continuar promoviendo una política pública de trato digno y equitativo a la mujer, se deben examinar con detenimiento los programas de bonificaciones para asegurar igual participación y oportunidades a las confinadas”.
Según se dispone en la Resolución de la Cámara 194, ese cuerpo legislativo realizaría un estudio comprensivo para determinar si el DCR cumple con su mandato expreso de crear un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de rehabilitación moral y social del integrante de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la libre comunidad.
“La OPM apoya esta iniciativa de la Legislatura para dirigir esfuerzos hacia la protección de la seguridad, bienestar y dignidad de la mujer, y reconoce la importancia de continuar orientando al público y a funcionarios gubernamentales sobre la importancia de velar por los derechos de las mujeres, sin importar su condición”, manifestó Boria.
