(CyberNews) – La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier informó el miércoles que presentó un proyecto de ley a los fines de enmendar el Código Penal de Puerto Rico y aumentar de ocho a 15 años, la pena por la comisión de delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.
Esto ante el alza en fraude relacionados a tarjetas de crédito y débito, entre las cuales se configura el “skimming” o lectura de información codificada.
“Este tipo de conducta delictiva ha llamado la atención de las agencias de seguridad tanto a nivel estatal como federal y ha motivado a que en otras localidades se hayan aprobado medidas rigurosas que ayuden a prevenir el delito y encausar a quien lo cometa. Desde el año 2001, sobre una treintena de jurisdicciones estatales de los Estados Unidos de América han aprobado legislación dirigida a tipificar esta conducta”, dijo Charbonier en declaraciones escritas.
Según explica la exposición de motivos de la medida esta conducta de fraude electrónico a tarjetas de crédito y débito consiste en el hurto de la información de una tarjeta el objetivo de plasmarla en una tarjeta falsa para realizar transacciones fraudulentas. Este tipo de hurto se realiza utilizando un aparato electrónico para leer y almacenar los datos codificados en las bandas magnéticas en la parte reversa de una tarjeta de crédito o débito. Este tipo de actividad fraudulenta se ha reflejado en restaurantes, en máquinas de débitos (conocidas como ATH) y en las bombas de las gasolineras.
Por otro lado, la legisladora junto al representante Abid Quiñones radicó la Resolución de la Cámara 194 para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes a llevar a cabo un estudio y análisis comprensivo en torno a las disposiciones contenidas en el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”.
Esto, con el propósito de constatar si la agencia está cumpliendo con el mandato expreso de crear un sistema integrado de seguridad y administración correccional donde las funciones y deberes se armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas y medidas de seguridad, así como a la custodia de los ciudadanos que han sido encontrados incursos en la comisión de un delito o falta y que se establezcan procesos de rehabilitación moral y social del integrante de la población correccional o transgresor, a fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.
“Es ampliamente conocido por todos lo ineficiente que ha sido el sistema correccional por décadas y como se le violan los derechos humanos a los confinados. Adicional varios estudios han demostrado que la mayor parte de la población encarcelada cumple por delitos que no son de violencia y como la prisión o encarcelamiento, como pena, no contribuye en los procesos de reintegración del individuo a la sociedad ni a su rehabilitación. El por ciento alto de personas que reinciden en la actividad delictiva luego de cumplir su sentencia en una institución carcelaria indica el fracaso de la prisión como institución que busca la rehabilitación”, dijo la legisladora.
