La Junta de Retiro reclamó este viernes ante la Comisión de Sistemas de Retiro, presidida por la representante María de Lourdes Ramos Rivera, la aprobación de un proyecto de ley que elevaría a $1,000 mensuales la pensión mínima de ciertos jubilados del Gobierno, mientras que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó en un informe que tendría un incremento en el gasto público de sobre $200 millones por año fiscal.

El director ejecutivo de la Junta, Arnaldo Ortiz, indicó que el Proyecto de la Cámara 1399 beneficiaría a cerca de 53,500 pensionados divididos entre 49,000 jubilados del gobierno central bajo la Ley 447-1951 y otros 4,500 maestros en virtud de la Ley 160-2013.

La OPAL especificó que la implementación conllevaría un aumento en el gasto público por concepto del PayGo de aproximadamente $232.6 millones cada año fiscal. Además, la dependencia destacó que el Plan de Ajuste estableció una prohibición por un término de 10 años sobre la aprobación de legislación que amplíe beneficios de pensión.

Sin embargo, Ortiz agregó que “la experiencia reciente demuestra que, aun dentro del marco establecido por PROMESA y el Plan de Ajuste de la Deuda, se han podido desarrollar e implementar medidas dirigidas a atender necesidades de los pensionados y servidores públicos mediante el análisis cuidadoso de su alcance”.

Esta medida presentada por el Ejecutivo crearía la Ley para Ajustar la Pensión Mínima al Costo de Vida Actual.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señaló que el aumento propuesto es insuficiente para el costo de vida actual en Puerto Rico.

Asimismo, el legislador impugnó que el proyecto de ley, como está redactado, excluiría a 1,305 maestros jubilados que todavía reciben una pensión menor de $1,000 mensuales. Según el director de la Junta de Retiro, el pago de pensión promedio en Puerto Rico es de $1,280 mensuales.

“Qué bueno es que lo lleven a 1,000 (dólares mensuales), pero los que están en 1,000 (dólares mensuales) tampoco van a poder vivir dignamente con esa cantidad de dinero”, expresó Márquez Lebrón. “Es un asunto de emergencia nacional. Estamos hablando de un gran sector de la población”, añadió.

Márquez Lebrón aseguró que la delegación del PIP votará a favor de la medida, pero cuestionó si el Plan de Ajuste sería enmendado para posibilitar el ajuste propuesto y cumplir, a su vez, con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En respuesta, el deponente dijo que dará deferencia a las agencias fiscales.

“La existencia de estas disposiciones no debe impedir que la Asamblea Legislativa explore, de manera responsable, alternativas que permitan adelantar el propósito de justicia social que persigue el Proyecto de la Cámara 1399”, mencionó Ortiz.

El representante Héctor Ferrer Santiago, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), cursó una comunicación a la presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro para excusarse de la audiencia.

En la misiva, leída por Ramos Rivera durante la vista pública, el legislador expresó su oposición a la medida y sostuvo que no es viable debido a sus implicaciones sobre el Plan de Ajuste. En su carta, expresó además: “Este hecho es uno de conocimiento general, por lo que puede dar la impresión de que esta administración pretende engañar a nuestros pensionados con una propuesta irreal e irresponsable”.

La presidenta de la Comisión, Ramos Rivera, afirmó que continuará con el tracto legislativo de la pieza legislativa junto con el Proyecto de la Cámara 45, una medida con apoyo multipartidista que pretende ajustar las pensiones a unos 160,000 empleados públicos jubilados y beneficiar a los nuevos pensionados.

“Me preocupa muy poco el que no cambien el Plan de Ajuste, porque si aquí ha habido instancias que el Plan de Ajuste no ha sido definitivo para ejercer e imponer el derecho de una ley aprobada por la Legislatura, yo no entiendo por qué esto no se puede hacer”, manifestó Ramos Rivera.

“La Junta (de Supervisión Fiscal) me dice que no… y yo voy a pelear como he hecho otras veces”, abundó la legisladora.

La comisión legislativa había citado, además, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), pero las agencias pidieron ser excusadas.

En esta vista pública también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Nelie Lebrón Robles.