La Corte Suprema ratificó una ley federal de control de armas destinada a proteger a las víctimas de violencia doméstica.
En su primer caso sobre la Segunda Enmienda, desde que ampliaron los derechos de armas en 2022, los jueces fallaron 8-1 a favor de una prohibición de armas de fuego de 1994 que aplica a personas que están bajo órdenes de restricción para mantenerse alejadas de sus cónyuges o parejas. Los jueces revocaron un fallo del tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans que había anulado la ley.
John Roberts, presidente de la Corte Suprema, al redactar la opinión del tribunal, dijo que la ley utiliza el “sentido común” y se aplica solo “después que un juez determina que un individuo representa una amenaza creíble” de violencia física.
El juez Clarence Thomas, autor del importante fallo Bruen de 2022 en un caso de Nueva York, discrepó.
El presidente Joe Biden, quien ha criticado fallos anteriores del tribunal supremo sobre armas, aborto y otros temas candentes, elogió el resultado.
“Nadie que haya sufrido abuso debería tener que preocuparse de que su abusador obtenga un arma”, dijo Biden en un comunicado. “Como resultado del fallo de hoy, los sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias aún podrán contar con protecciones críticas, tal como lo han hecho durante las últimas tres décadas”.
La semana pasada, el tribunal anuló una prohibición de la era Trump a los “bump stocks” o automatizadores de disparos —un dispositivo legal para disparar un arma de fuego semiautomática a una velocidad similar a la de un arma automática— utilizados en el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos. El tribunal falló que el Departamento de Justicia se excedió en su autoridad al imponer esa prohibición.
El caso del viernes surgió directamente de la decisión de Bruen de la Corte Suprema en junio de 2022. Zackey Rahimi, un hombre de Texas, fue acusado de golpear a su novia durante una discusión en un estacionamiento y luego amenazar con dispararle.
En los argumentos de noviembre, algunos jueces expresaron su preocupación de que un fallo a favor de Rahimi también pudiera poner en peligro al sistema de verificación de antecedentes que, según el gobierno de Biden, ha detenido más de 75.000 ventas de armas en los últimos 25 años con base en órdenes de protección contra la violencia doméstica.
El caso también había sido seguido de cerca por su potencial de afectar casos en los que se han cuestionado otras leyes sobre la propiedad de armas, incluido el sonado juicio de Hunter Biden. El hijo de Biden fue condenado por mentir en un formulario para comprar un arma de fuego cuando era adicto a las drogas. Sus abogados han señalado que apelarán.
Una decisión de derogar la ley sobre armas de fuego en casos de violencia doméstica podría haber indicado también un escepticismo de la corte hacia las otras leyes. Pero la decisión del viernes tampoco sugirió que el tribunal vaya a ratificar esas leyes necesariamente.
Los jueces podrían intervenir pronto en uno o más de esos otros casos.
Muchos de los casos relacionados con la ley de armas surgen de la decisión de Bruen. Ese fallo del tribunal de última instancia no sólo amplió los derechos de los estadounidenses a portar armas de fuego según la Constitución, sino que también cambió la forma en que se supone que los tribunales deben evaluar las restricciones a las armas.
En su opinión escrita, Roberts recurrió a la historia. “Desde su fundación, las leyes de armas de fuego de nuestra nación han incluido disposiciones que impiden que personas que amenazan con causar daño físico a otros hagan un mal uso de las armas de fuego”, escribió.
Algunos tribunales han ido demasiado lejos, escribió Roberts, al aplicar el caso Bruen y otros sobre derechos de armas. “Estos precedentes no pretendían sugerir una ley encapsulada en ámbar”, escribió.
En desacuerdo, Thomas escribió que la ley “despoja a un individuo de su capacidad para poseer armas de fuego y municiones sin el debido proceso”.
El gobierno “no logró presentar ninguna evidencia” de que la ley sea consistente con la tradición histórica de la nación sobre la regulación de armas de fuego, indicó.
“Ni una sola regulación histórica justifica el estatuto en cuestión”, escribió Thomas.
Siete de los nueve jueces emitieron opiniones en el caso de armas que abarcan 94 páginas, principalmente centradas en el uso adecuado de la historia al evaluar las restricciones de armas y otras limitaciones a los derechos constitucionales.
La jueza Sonia Sotomayor escribió que la opinión de Roberts “permite una investigación histórica calibrada para revelar algo útil y transferible al presente, mientras que el disentimiento haría que la investigación histórica fuera tan rigurosa que resultaría inútil”. Ella estuvo entre los tres jueces liberales que discreparon en el caso Bruen.
El juez Brett Kavanaugh, quien fue parte parte de la mayoría de Bruen, señaló que el tribunal probablemente tendrá muchos más casos sobre el alcance de los derechos a la posesión de armas porque “la jurisprudencia de la Segunda Enmienda está en sus primeras etapas”. No fue sino hasta 2008 que la corte declaró por primera vez que la Constitución protege el derecho de un individuo a poseer y portar armas.
El caso de Rahimi llegó a la Corte Suprema después que los fiscales apelaran un fallo que anuló su condena por posesión de armas cuando estaba sujeto a una orden de restricción.
Rahimi estuvo involucrado en cinco tiroteos durante dos meses en Arlington, Texas, y sus alrededores, señaló el juez federal de circuito Cory Wilson. Cuando la policía identificó a Rahimi como sospechoso de los tiroteos y se presentó en su casa con una orden de registro, él admitió tener armas en su vivienda y estar sujeto a una orden de restricción por violencia doméstica que le prohibía la posesión de armas, escribió Wilson.
Pero, aunque Rahimi no era “un ciudadano modelo”, escribió Wilson, la ley en cuestión no podía justificarse mirando a la historia. Esa es la prueba que el juez Thomas expuso en su opinión ante el tribunal sobre la decisión Bruen.
El tribunal de apelaciones inicialmente ratificó la condena bajo una prueba de equilibrio que incluía si la restricción mejora la seguridad pública. Pero el panel cambió de rumbo después del caso Bruen. Al menos un tribunal de distrito ha ratificado la ley desde la decisión de Bruen.
Tras el fallo, el fiscal general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia “continuará aplicando este importante decreto, que durante casi 30 años ha ayudado a proteger a las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica de sus abusadores”.
“Como argumentó el Departamento de Justicia, y como la Corte (Suprema) reafirmó hoy, esa prohibición de sentido común es totalmente consistente con el precedente de la Corte y el texto y la historia de la Segunda Enmienda”, agregó Garland en un comunicado.
Los defensores de las víctimas de violencia doméstica y los grupos de control de armas habían pedido al tribunal que ratificara la ley.
En los últimos años, las armas de fuego han sido el arma más común utilizada en los homicidios de cónyuges, parejas íntimas, hijos o familiares, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Se utilizaron armas de fuego en más de la mitad —57%— de esos asesinatos en 2020, un año en que se produjo un aumento general de la violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19.
Setenta mujeres al mes, en promedio, son asesinadas a tiros por sus parejas íntimas, según el grupo de control de armas Everytown for Gun Safety.
Los grupos defensores del derecho a la posesión de armas respaldaron a Rahimi y argumentaron que el tribunal de apelaciones acertó al analizar la historia estadounidense y no encontrar ninguna restricción lo suficientemente cercana como para justificar la prohibición a la posesión de armas.
