La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Julie Gómez Gómez, sostuvo hoy un encuentro con la representación de la Alianza Correccional Unida (ACU), en el que repasó el estado de varios procesos relacionados con los reclamos de los oficiales correccionales.

La conversación, celebrada en las oficinas centrales del Departamento en Hato Rey, incluyó el pago retroactivo del aumento salarial, el banco de horas extras y las horas adeudadas, los uniformes, el cumplimiento del convenio colectivo, la seguridad institucional y la carga de trabajo.

Estos asuntos forman parte de reclamaciones acumuladas durante años y anteceden a la actual administración. Como parte del trabajo que ha venido realizando al frente del DCR, Gómez Gómez ha revisado los procesos pendientes e impulsado las acciones necesarias para avanzar en su atención.

“Estos son asuntos que llevan tiempo pendientes y que impactan directamente a nuestros oficiales. Hemos revisado el estado de cada proceso para darle continuidad, identificar los pasos que aún faltan y procurar que avance. Nuestro compromiso es trabajar con seriedad y convertir el diálogo en acciones concretas”, expresó Gómez Gómez.

En cuanto al pago retroactivo del aumento salarial, bajo la administración anterior del DCR se completó y firmó la documentación correspondiente, la cual fue sometida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para su evaluación y la identificación y autorización de los fondos necesarios. No obstante, al cierre del año fiscal no se había recibido respuesta, por lo que la solicitud quedó sin efecto. Ante esta situación, la actual secretaria realizará nuevamente las gestiones correspondientes ante ambos organismos.

Sobre el banco de horas extras y las horas adeudadas, el Departamento coordina con la OGP la identificación del mecanismo presupuestario que permita atender los pagos. La agencia también trabaja en la validación de los balances y en los trámites aplicables a las reclamaciones pendientes.

En el caso de los uniformes, el DCR ha invertido más de un millón de dólares en su adquisición mediante el proceso de subastas de la Administración de Servicios Generales. Además, coordina internamente el próximo ciclo de pedidos.

Gómez Gómez también atendió los señalamientos relacionados con el convenio colectivo y los planteamientos sobre la aplicación de la Ley 91-2022 y el aumento de $746.

El trabajo se realiza dentro de un escenario presupuestario en el que el DCR sufrió una reducción de $23 millones. Esta situación limita la capacidad de responder inmediatamente a algunos planteamientos y requiere la participación de la OGP y la JSF para establecer los mecanismos de asignación de fondos.

“Para mí era importante escuchar directamente a quienes sostienen diariamente las operaciones del sistema correccional. Reconocer su labor también implica mantener una comunicación franca, comprender sus preocupaciones y trabajar para que los procesos bajo nuestra responsabilidad avancen. Nuestro personal debe saber que cuenta con una secretaria accesible, presente y comprometida con fortalecer sus condiciones de trabajo”, afirmó Gómez Gómez.

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la fuerza correccional y la capacidad operacional de las instituciones, el DCR abrirá un proceso para reclutar 150 oficiales correccionales. Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes del 8 al 21 de septiembre. El Departamento informará oportunamente, a través de sus canales oficiales, los requisitos, los documentos necesarios y el mecanismo para solicitar.