La Secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, se expresó hoy tras el fallo de no culpabilidad emitido por el juez Ángel Llavona Folguera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, en el caso Pueblo vs. Eduardo Meléndez Velázquez.
“El fallo de no culpabilidad emitido en el día de hoy nos causa profundo pesar y nos sorprende. Estamos convencidos de que el Ministerio Público realizó un trabajo riguroso y de excelencia en su encomienda de procurar justicia para la víctima, Roberto Viqueira Ríos, y su familia”, declaró la Secretaria.
Con respeto al Tribunal, Gómez Torres indicó que difiere de la determinación: “Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con las víctimas del crimen en Puerto Rico y reconocemos el profundo desasosiego y la tristeza que hoy embargan a los familiares del occiso ante una absolución que no era esperada y que, a nuestro juicio, no se ajusta a la prueba presentada”.
La Secretaria destacó el trabajo de las fiscales y del personal de apoyo: “Deseo reconocer de manera especial la labor de las fiscales a cargo del caso, Limary Cobián Lugo y Natalia Pizarro Pérez, y del personal de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia, quienes, más allá de su peritaje profesional, han puesto su corazón, su entrega y su compromiso con la convicción profunda de que este caso representa un crimen que merecía una respuesta de justicia”.
Agregó que, aunque una condena no devuelve la vida al señor Viqueira Ríos, “habría constituido un punto de partida para que su viuda, su familia y la comunidad afectada pudieran comenzar un proceso de sanación”.
Gómez Torres también expresó gratitud hacia la testigo del caso: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la testigo que, con valentía, confió en el Ministerio Público y en el proceso judicial, aportando su testimonio en cumplimiento de su deber ciudadano”.
Finalmente, la Secretaria reiteró el compromiso del Departamento de Justicia: “Esta decisión no menoscaba nuestra responsabilidad ni nuestro deber ministerial de continuar trabajando, dentro del marco de la ley, para que toda persona que atente contra la vida de otro ser humano responda por sus actos. Seguiremos firmes en nuestra lucha por desalentar la impunidad, promover el respeto a la vida y fortalecer la confianza del pueblo en el sistema de justicia de Puerto Rico”.