La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, se expresó hoy sobre las declaraciones emitidas por el senador Aníbal J. Torres y el representante Ángel Matos, en relación con la convocatoria para la contratación de inspectores de la División de Juegos de Azar e indicó que se ha llevado con “apego a la ley” y las aprobaciones pertinentes.

“El récord sobre las convocatorias 2019-01 y 2019-02 publicadas por la CTPR no tan solo se han realizado en estricto apego a la ley, sino que también cuentan con las debidas aprobaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)”, expresó Campos en un comunicado.

Según establece la Ley de Juegos de Azar en Puerto Rico, la presencia de un inspector de juegos de azar o su representante autorizado es imprescindible para la apertura y operación de las salas de juego en Puerto Rico, indicó.

De otra parte, la figura del supervisor de inspectores de juegos de azar es el mecanismo administrativo de supervisión y contacto directo con los inspectores de juegos de azar las veinticuatro horas del día.

Por diversas razones, incluyendo transición voluntaria, fallecimiento y oportunidades de crecimiento profesional, durante los pasados dos años, una cantidad considerable de empleados de carrera que cumplían estas funciones se han retirado del servicio público, advirtió.

Ello provocó el aumento de costos de tiempo extra conforme a la obligación expuesta anteriormente.

Con el fin de procurar la disminución en pagos de horas extras, a mediados del 2018 se solicitó a la OATRH la autorización para emitir las convocatorias para cubrir la necesidad de los puestos de supervisor de juegos de azar e inspectores de juegos de azar.

La OATRH respondió solicitando, dijo, que, al hacerse, se cumpla con el Memorando OSG-2018-001, el cual establece los requisitos necesarios para la emisión de convocatorias, dentro de los cuales es indispensable la autorización de la OGP y la aprobación del borrador de convocatorias por la OATRH.

En marzo de 2019, la CTPR sometió formalmente el planteamiento para la autorización de ocupar estos puestos ante la OGP, conforme a la Ley 8-2017 y cartas circulares, el cual fue aprobado en junio 2019. Habiendo obtenido aprobación de OGP y OATRH para la emisión y publicación de las convocatorias, se procedió a publicar el proceso transparente de contratación, agregó.

La aprobación para cubrir dichos puestos y la autorización para la publicación de las convocatorias, fueron solicitadas mucho antes de la aprobación de la Ley 81 el 28 de julio de 2019, e incluso, mucho antes de la presentación del proyecto de ley.

Sobre la autoridad de la CTPR para actuar como corporación pública en estos menesteres, Campos indicó que “la Ley de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) requiere que se certifique que la CTPR está lista para consolidarse previo a convertirse en la Oficina de Turismo. Dado que se está trabajando en esa dirección, pero que aún quedan asuntos pendientes, la CTPR se mantiene como corporación pública con todas las de la ley”

De otra parte, sería “irracional pensar que, aún cuando no se ha convocado formalmente a la Junta de la Comisión de Juegos de Azar y la Asamblea Legislativa debe evaluar los nombramientos del Director Ejecutivo de la Comisión y dos de los miembros de la Junta, se pretenda detener todos los procesos comenzados en respuesta a la ejecución y operación de nuestras salas de juegos, las cuales generan ingresos importantes para la industria turística, como para el Gobierno de Puerto Rico”.

En cuanto al alegato de que estos puestos fueron realizados con el propósito de ajustar los perfiles, la CTPR confirma que ambos puestos cumplen con los perfiles aprobados por la administración durante los años 2005-2008 en su plan de clasificación conocido como el Nuevo Turismo.

– Aníbal José Torres y Ángel Matos, legisladores del opositor Partido Popular Democrático, denunciaron este lunes a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) por crear diez plazas “ilegales” en la División de Juegos de Azar y cuyos puestos sobrepasan 300.000 dólares anuales.

Según detalló Torres en un comunicado de prensa, las diez plazas se dividen en 8 de carrera de inspectores de juegos y el resto en supervisores de juegos de azar, pero que de acuerdo con el legislador son “ilegales” y “nulas”.

Torres refutó dichos puestos, pues tras la firma de la Ley 81 de 2019, la CTPR pasó a ser parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por lo que la División de Juegos de Azar se transfirió a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Fuente: EFE