El secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), Ramón “Pirul” González Beiró, anunció hoy la firma de la Orden Administrativa 2021-1ª que extiende la vigencia de la certificación de Agricultor Bonafide hasta el 30 de junio de 2021.
“En mi compromiso y a tono con las prioridades del gobernador, Pedro Pierlusi, con la agricultura, extendemos la vigencia de la certificación de agricultor bonafide, siendo una herramienta esencial para el desarrollo, crecimiento y promoción de la producción agrícola de Puerto Rico. Es un instrumento destinado a fomentar el desarrollo económico de la Isla” expresó el Secretario.
El 1 de julio de 2019 fue aprobada la Ley número 60, Código de Incentivos de Puerto Rico, esta derogó la Ley 225-1995 adoptando disposiciones para que los agricultores sean certificados como bonafide y así beneficiarse de los incentivos conferidos por dicha ley.
“En momentos en que el país se encamina a la reconstrucción de su economía es vital que se utilicen todas las herramientas y los recursos que permitan el desarrollo económico sustentable para la industria de alimentos y seguridad alimentaria”, agregó.
Mediante la firma de la orden administrativa se dispone a continuar la evaluación y certificación de agricultores bonafide bajo los procedimientos y los requisitos hasta ahora impuestos, exceptuando el cambio en el porcentaje de ingreso bruto agrícola requerido (51 por ciento o más), por el nuevo Código de Incentivos y obviando los requisitos relacionados a los 6 principios rectores que había establecido la Ley 225-1995.
Las actividades elegibles que podrán ser certificadas como agricultor bonafide serán aquellas establecidas en la Sección 2081.01 de la Ley 60-2019 y otras que disponga el Secretario de Agricultura.
González Beiró sostuvo que el Departamento continuará otorgando los diferentes beneficios e incentivos que le brinda a los agricultores hasta tanto haya un cambio en la regulación o la política pública establecida. Las solicitudes para la certificación que se reciban a partir del 1 de enero de 2020 podrían ser aprobadas por un término de un año hasta tanto la reglamentación disponga algún término diferente.
