El Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó el martes, sobre los resultados de una investigación completa realizada a partir de un referido de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado sobre terminaciones de embarazo en menores en clínicas de aborto.
Emanuelli Hernández destacó en declaraciones escritas que “Cada uno de los casos identificados fue investigado, teniendo como prioridad la protección de las menores, así como salvaguardar su salud y seguridad”.
El funcionario enfatizó el esfuerzo realizado por el Departamento para llevar a cabo investigaciones criminales en dos casos de menores de 15 años. “Como resultado del proceso, se encaminaron investigaciones criminales ante la posible comisión de delitos sexuales contra dos menores de 15 años. De esta manera, procuramos procesar y lograr que se penalice a los responsables, para hacerles justicia a las víctimas”, declaró el titular de Justicia.
Respecto a la controversia de la falta de notificación por parte de las clínicas, el secretario añadió: “Realizamos un análisis jurídico y concluimos que, de determinarse que incurrieron en conducta ilegal, la acción penal estaría prescrita por haber transcurrido el término establecido por ley para iniciar el procesamiento”.
Finalmente, el secretario reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con la defensa de los menores y la importancia de atender con urgencia y sensibilidad cualquier denuncia de delitos contra ellos. “Exhortamos a la ciudadanía a velar y proteger a los menores, quienes son vulnerables a conductas nocivas que atentan contra su integridad y desarrollo”, concluyó.
Un informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico ha puesto de manifiesto que, de 67 casos sospechosos de abuso sexual de menores en los que se realizaron abortos, las clínicas solo hicieron tres referidos para investigación. El hallazgo surgió tras una investigación solicitada por la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, la cual reveló incumplimientos significativos con la ley que obliga a notificar los casos de abuso.
La senadora Joanne Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión, subrayó la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas legislativas para garantizar la protección de las menores. “De lo anterior surge la necesidad de aprobar legislación y enmendar los reglamentos correspondientes para asegurar la protección de las menores de 15 años o menos que acuden a las clínicas de aborto. Es imprescindible que las autoridades pertinentes, entiéndase el Departamento de la Familia y el Departamento de Justicia, sean informados a tiempo por las clínicas de aborto sobre la posible comisión de delito de agresión sexual en una menor de edad, de manera tal que se proteja a la menor y se puedan procesar los delitos”, expresó la senadora Rodríguez Veve en declaraciones escritas.
La investigación reveló que, en muchos casos, la conducta sexual que resultó en el embarazo se llevó a cabo con consentimiento y conocimiento de ambas partes, sin el uso de fuerza o intimidación. Sin embargo, hubo situaciones en las que la diferencia de edad entre la niña y el varón implicaba un delito según el Código Penal de Puerto Rico, aunque el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos debido a varios factores, incluido el tiempo transcurrido y la disposición de las menores y sus familias.
