En aras de buscar justicia social el Senado de Puerto Rico avaló, durante los trabajos legislativos, el Proyecto del Senado 304 que busca enmendar la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal a los fines de aumentar el periodo de la licencia por maternidad a la mujer trabajadora del sector público.
“Es un proyecto de justicia para las madres puertorriqueñas y empleadas públicas… Muchas son madres solteras con dos trabajos para sostener hogar. Sabemos de madres embarazadas que culminan un turno en el gobierno y entran a otro en la empresa privada, trabajando más de 12 horas diarias… este sistema las obliga a desvivir… Esta medida aumenta las semanas de descanso reconociendo las necesidades físicas y mentales, para eso estamos aquí, para sensibilizar el sistema. [Por lo tanto] es más que necesario aumentar la licencia de descanso como una medida de carácter social”, expresó la senadora de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y autora de la medida, Migdalia González Arroyo.
Según se establece en la exposición de motivos del proyecto “actualmente el sector gubernamental se mantiene como una fuente importante de empleo para las mujeres a pesar de la reducción experimentada en los últimos años. El Negociado de Estadísticas del Trabajo estima que las mujeres empleadas en la administración pública para el 2019 fue de 88,000… A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aumentar la licencia de maternidad, tanto en el ámbito estatal como municipal, como una medida de carácter social y laboral que le hace justicia a la mujer trabajadora del sector público”.
“Quiero reconocer el trabajo mano a mano con la señora Migdalia González para aumentar el periodo de descanso… “[El proyecto] aumenta de 4 semanas a 8 semanas, con este aumento suma a 12 semanas por licencia de maternidad. Esto es importante porque es mejor para poder cuidar de los hijos y las hijas. Nuestra comisión solicitó memoriales explicativos al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Oficina de Gerencia y Presupuesto y Mujeres Apoyando a Madres. Las distintas entidades favorecieron la aprobación de la medida”, añadió la senadora de la delegación Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén.
El Alto Cuerpo también avaló la Resolución Conjunta del Senado 313, de la autoría del senador del distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves, que busca ordenarle al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, las instalaciones de la Escuela Federico Degetau, localizada en la Calle Reina Isabel #145 del Municipio de Ponce; y para otros fines relacionados.
“Esta medida surge como una petición del señor Alcalde de Ponce reconociendo que el municipio volvió a ser cede de los centros HeadStar. Uno de los planteles es la Escuela Federico Degetau. Cuando se le pidió la ponencia al secretario del Departamento de Educación dijo que el Departamento no proyecta ningún uso de las facilidades, así que no tienen problema en transferir este activo al Municipio de Ponce. Con esta medida, se sigue haciendo justicia y dándole utilidad a las escuelas en desuso en Puerto Rico. Buscamos darles utilidad genuina a estos planteles que tal vez para Educación no tienen utilidad, pero para entidades sin fines de lucro o los municipios se pueden utilizar”, expresó el senador Ramón Ruiz Nieves.
Además, fue avalada el Proyecto de la Cámara 817 que pretende crear la Ley de Internados Justos de Puerto Rico a los fines de garantizar que el reclutamiento de estudiantes universitarios(as) o personas recién graduadas, mediante internados, pasantías o experiencias de investigación incluya compensación económica, excepto cuando se trate de una experiencia a cambio de créditos universitarios, se trate de trabajo voluntario o cuando una entidad sin fines de lucro incipiente acredite que carece de recursos para compensar al (la) estudiante, necesita el trabajo que realizará el(la) estudiante y proveerá una experiencia de aprendizaje y aprovechamiento para el(la) estudiante, y para establecer los deberes del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de esta Ley y para otros asuntos relacionados.
“Queremos reconocer las palabras del representante Márquez que es uno de los autores de esta medida que busca hacerle respuesta a la ley de internados justos. Es casi obligatorio el tener estas pasantías antes de culminar estudios universitarios. Las convocatorias de empleos piden grados y posgrados que exigen experiencias. Esta oportunidad le abre las puertas a nuevas oportunidades de estudio y trabajo. Por más que estas experiencias sean necesarias, la falta de remuneración económica impide que muchos no se beneficien. Muchos deben sacrificar horas de estudio para hacer un internado sin paga. Vamos a darle el apoyo a esta medida porque es hora de que se le haga justicia a nuestra juventud”, expresó la senadora por acumulación, Ana Irma Rivera Lassén.
De igual forma, se aprobó el Proyecto del Senado 512 que propone enmendar la Ley Orgánica del Departamento de la Familia y el Plan de Reorganización de dicho departamento para establecer requisitos adicionales para ocupar el puesto de Secretario del Departamento de Familia; Administrador de la Administración de Familias y Niños; Administrador de la Administración de Desarrollo Social y Económico; Administrador de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y para otros fines relacionados.
