En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 684, presentado por petición a través del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para que durante periodos de emergencias esté incluido el sector de alimentos dentro de la clasificación de servicios críticos y esenciales bajo la Ley 17-2019, conocida como “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, y la Ley 57-2014, “Ley de Transformación y Alivio Energético”.

La exposición de motivos de la medida cita que “en momentos de emergencias, la seguridad alimentaria del pueblo depende en gran medida de que la comida disponible no se pierda por falta de energía en los refrigeradores y neveras de almacenes de alimentos y supermercados, sobre todo, cuando se trata de eventos atmosféricos que impacten las cosechas”.

Con esta enmienda, supermercados, panaderías, centros de acopio y suplidores esenciales podrán beneficiarse de planes prioritarios de energía y programas de resiliencia eléctrica. De esta forma, se refuerza la seguridad alimentaria y se reconoce la importancia de este sector dentro de la infraestructura esencial de Puerto Rico, especialmente ante apagones o desastres naturales.

Otras medidas aprobadas

De otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 198, en su segundo informe de la autoría del senador de mayoría, Ángel Toledo López. La medida propone enmendar la Ley 33-2008 para incluir a los municipios entre las entidades que deben establecer programas de monitoreo de calidad en los servicios ofrecidos. La ley promueve la instalación de buzones y mecanismos digitales para que los ciudadanos puedan evaluar la calidad del servicio público, fortaleciendo así la retroalimentación entre el gobierno y la ciudadanía.

“Esta medida responde a un interés genuino que tenemos, en que el pueblo de Puerto Rico pueda evaluar la ejecutoria y el servicio de los equipos municipales, que siempre son ese primer frente de batalla y que atienden las necesidades de nuestro pueblo con mucha regularidad… Hay una realidad y es que nuestro pueblo está para atenderse adecuadamente. Nuestro pueblo merece un servicio de calidad y merece que se respeten sus solicitudes… Esta medida no es una carga adicional para ningún municipio”, dijo Toledo López, añadiendo que tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes favorecieron la medida.

También, se expresó a favor la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú. “Por qué este proyecto, que busca incluir la figura de los municipios dentro de la Ley del 2008, es importante que ocurra. Porque desde el 2008, se supone que todo el pueblo de Puerto Rico tenga una radiografía anual del nivel de satisfacción de los servicios en todas las entidades gubernamentales. Pero ahora, con esta enmienda que se va a aprobar en el día de hoy, claramente también vamos a tener la oportunidad de tener una radiografía sobre el nivel de satisfacción de parte del ciudadano hacia los servicios del municipio”, indicó Soto Aguilú.

A su vez, se le dio paso al Proyecto del Senado 214, de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad. El proyecto enmienda el “Código de Incentivos de Puerto Rico” para incluir entre las actividades elegibles a los negocios que construyan, instalen u operen puntos de recarga de vehículos eléctricos o que vendan energía a través de estos. El objetivo es promover la expansión de la infraestructura de movilidad eléctrica, alineada con la política pública de transición energética y reducción de emisiones .

“Cuando hablamos de esta manera en particular de los puntos de recarga yo creo que nos estamos moviendo hacia la novedad. En Puerto Rico sabemos muy bien que la modalidad de los carros eléctricos ha llegado para quedarse, que prácticamente en muchos hogares hay carros eléctricos. Lo que estamos buscando es que esta industria no se monopolice. Ahora mismo hay solamente una industria que estaba dando servicio a Puerto Rico. Lo que queremos es crear la alternativa de que otras industrias lleguen aquí y que entonces pudiéramos crear la competitividad que necesita… Yo creo que es una buena oportunidad para que este código de incentivos acoja esta enmienda dirigida a una industria que está en crecimiento en Puerto Rico”, dijo Moran Trinidad.

La pieza legislativa detalla que entre los incentivos a otorgarse está el concepto de contribuciones sobre ingresos; contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble, contribuciones municipales, arbitrios estatales e Impuesto sobre Ventas y Uso; y deducciones especiales por inversión en edificios, estructuras, maquinaria y equipo para energía verde o altamente eficiente.

Igualmente, de Moran Trinidad, se aprobó el Proyecto del Senado 218,  referente al arbitrio a subastas de bienes del Gobierno. La medida busca enmendar el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico” para disponer que los automóviles, embarcaciones o equipos pesados del Gobierno de Estados Unidos o Puerto Rico vendidos en subasta pública estén sujetos al arbitrio correspondiente. Exceptuando aquellos automóviles, embarcaciones o equipos pesados con 10 años o más de haber sido adquiridos por estos, los cuales no estarán sujetos al pago del referido arbitrio.

“Nos parece que la propuesta contenida en esta legislación es una contibutivamente balanceada, toda vez que asegura que las agencias gubernamentales y los municipios utilicen por un mínimo 10 años, los vehículos y equipos que adquirieron sin pagar arbitrios, más repercute favorablemente en sus finanzas, ya que hace más atractiva la compra de los mismos en subasta pública por cualquier ciudadano interesado”, cita la medida.

De la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto, se le dio paso al Proyecto del Senado 461 para crear la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía, adscrito al Departamento de Educación (DE)”. Esto para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el programa de educación especial del DE; así como disponer sobre los servicios que ofrecerán; y la implementación de dicho programa en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del DE.

“Este proyecto nace con el propósito de ofrecer continuidad y oportunidades reales a los jóvenes con diversidad funcional una vez culmina su participación en el Programa de Educación Especial, al cumplir los 21 años de edad. Actualmente, al egresar del sistema educativo, muchos de ellos se enfrentan a la falta de espacios y servicios que le permitan seguir desarrollando destrezas para alcanzar una vida independiente, productiva y digna”, dijo Pérez Soto sobre la medida, añadiendo que primero se establecerá un proyecto piloto en el Instituto Tecnológico del DE en el municipio de Manatí.

De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 627, de la vicepresidenta senatorial, Marissa Jiménez Santoni y la senadora del distrito de Humacao, Wandy Soto Tolentino. La pieza legislativa propone crear y demarcar el Destino Turístico Paraíso del Este. Ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico la elaboración de un “Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Mercadeo del Destino”; así como crear la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Paraíso del Este; entre otras disposiciones.

A la vez, se aprobó el Proyecto del Senado 529 de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez. La medida tiene como propósito crear el programa “Apuesta a Ti, Joven”, adscrito al Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.  El programa busca desarrollar una plataforma integrada de capacitación y servicios que viabilice la gestión de jóvenes que deseen desarrollar un negocio propio en Puerto Rico, proveyendo las herramientas adecuadas.

También, de Román Rodríguez fue aprobada la Resolución del Senado 225. En la medida se ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la viabilidad de reactivar los terrenos y la infraestructura de la Central Coloso en Aguada como atractivo turístico que apoye el desarrollo económico tanto municipal como a nivel local, nacional e internacional.

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 194, del senador de mayoría, Luis Daniel Colón La Santa. La misma propone que la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales estudie la viabilidad de establecer horarios escalonados en agencias gubernamentales, la Rama Judicial, la Legislatura y los municipios. Se busca reducir la congestión vehicular y optimizar el uso de recursos humanos. La resolución persigue mejorar la productividad y el bienestar de los empleados públicos mediante una reorganización del horario laboral.

De igual manera, presentada por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, fue aprobado el Proyecto del Senado 617, sobre la salud mental perinatal. El proyecto enmienda la Ley 101-2023, que originalmente atendía la depresión posparto, para ampliarla a otros trastornos de salud mental perinatal. El objetivo es ofrecer prevención, detección temprana y tratamiento efectivo a las madres y familias afectadas durante el embarazo y el posparto.

Por otra parte, se aprobó el Proyecto de la Cámara 97, para enmendar la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Con el fin de requerir que, al expedir una orden de protección, las autoridades entreguen a la víctima un plan de acción detallado con los pasos a seguir y los servicios disponibles.

Alto Cuerpo confirma nombramientos

De otro lado, luego de un informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz, el Senado otorgó su consentimiento para confirmar ocho designaciones del Ejecutivo a posiciones de la Judicatura y la administración pública.

De esta forma, el Senado confirmó a las licenciadas Evelyn Trinidad Martell y Germaine Báez Fernández como Juezas Superiores del Tribunal de Primera Instancia; y del licenciado Laudelino F. Mulero Clas como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo, confirmaron a las licenciadas Haifa María Notario Toll y Waleska Morales Toro como Juezas Administrativas de la Administración para el Sustento de Menores. Igualmente, al licenciado Pedro Juan Mateo Casado como Fiscal Auxiliar II; la licenciada Adriana Morales Rivera, y el licenciado Albert Torres Mercado como Fiscales Auxiliares I del Departamento de Justicia.