Como parte de los trabajos de la sesión ordinaria el Alto Cuerpo aprobó dos medidas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidas a fortalecer la seguridad pública mediante la creación de un mecanismo de órdenes de protección para víctimas de delitos violentos cometidos con armas y establecer la jurisdicción exclusiva del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos sobre las escuelas de conducción especializadas en Puerto Rico.

Una de las medidas aprobadas del líder senatorial, el Proyecto del Senado 1010, establece un mecanismo para que las víctimas de delitos violentos o intentos de delitos cometidos con armas puedan solicitar órdenes de protección. La iniciativa busca ampliar las herramientas legales disponibles para garantizar la seguridad de las personas afectadas por este tipo de actos criminales.

La exposición de motivos de la medida cita que “esta Asamblea Legislativa reconoce que las órdenes de protección constituyen uno de los mecanismos preventivos más efectivos para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que enfrentan riesgos reales o inmediatos de sufrir nuevos actos de violencia. Asimismo, reconoce que el ordenamiento jurídico puertorriqueño contempla remedios de naturaleza similar en diversos estatutos especiales y otras disposiciones, dirigidas a la protección de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad”.

Asimismo, se le dio paso al Proyecto del Senado 1019, de Rivera Schatz, para disponer que el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos tenga jurisdicción exclusiva sobre la reglamentación de las escuelas que ofrecen adiestramientos conducentes a la obtención de licencias para conductores de vehículos pesados, remolques y otras categorías especializadas. La medida persigue uniformar los procesos de supervisión y fortalecer la calidad de la capacitación ofrecida.

“Con el paso del tiempo se han suscitado interpretaciones diversas sobre el alcance de la jurisdicción conferida mediante dicho estatuto. Resulta, por tanto, necesario reafirmar y armonizar los poderes otorgados al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, a fin de garantizar certeza jurídica, uniformidad en la aplicación de la Ley y continuidad en la política pública adoptada por esta Asamblea Legislativa”, expone la medida.

Por otra parte, recibió aval el Proyecto del Senado 852 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago. Este proyecto propone aumentar de 30 a 40 por ciento el descuento que reciben los ciudadanos cuando pagan una multa de tránsito dentro de los primeros 15 días de expedida. La medida busca incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones relacionadas con infracciones de tránsito.

“Esta medida viene a atender asuntos no típicos…el propósito es que aquellos que reciban una multa expedida tendrán dentro del período de 15 días un descuento del 40 por ciento si la pagan. Es la primera vez que estamos poniendo a aquellos que quieren cumplir con la ley en una condición muy parecida a aquellos que no cumplen en referencia a las amnistías aprobadas en el pasado”, sostuvo Ríos Santiago.

Igualmente, de Ríos Santiago se aprobó el Proyecto del Senado 858. El proyecto tiene como propósito establecer un marco regulatorio para los medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que permita la responsable protección salubrista de los pacientes localizados en Puerto Rico. Además, requerir la publicación de informes bianuales por parte de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública (SARPS) junto con la Oficina de Planificación y Desarrollo sobre la supervisión de las prácticas de preparación de medicamentos compuestos.

Además, recibió aval el Proyecto del Senado 1116 de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad y la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, para crear la “Ley de Responsabilidad Parental hacia el Ser Humano en Gestación o Nasciturus de Puerto Rico”. La medida establece responsabilidad compartida entre ambos progenitores desde la concepción para cubrir gastos médicos, prenatales y relacionados con el embarazo y parto. Además, crea una causa de acción civil para reclamar gastos de gestación y permite al tribunal ordenar pruebas de paternidad en casos de controversia sobre filiación.

Moran Trinidad expresó que “el fin es proteger la persona natural en todos los aspectos, y en esta ocasión para que entonces se puedan sufragar esos gastos razonables médicos que de ordinario la mamá era la que pagaba todos los gastos y así ahora podrá ser protegido con una responsabilidad compartida”.

En la misma línea, Rodríguez Veve expresó que “a través de este proyecto impulsamos una mirada de corresponsabilidad, una política pública que fomente la corresponsabilidad parental de quienes esperan un hijo. Con este proyecto buscamos que ambos, que ambos padres asuman la responsabilidad económica de manera proporcional y obviamente tomando en consideración la capacidad económica de cada cual ante la llegada del hijo”.

De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 962 de la senadora de mayoría Wandy Soto Tolentino, para crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico”. La pieza legislativa propone coordinar de forma permanente los programas e iniciativas existentes en las agencias gubernamentales relacionados con la promoción de valores, la prevención de la violencia y la convivencia comunitaria. La propuesta no crea nuevas agencias ni estructuras administrativas.

Alto Cuerpo confirma nombramientos

De otra parte, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz, confirmó tres nombramientos designados por el Ejecutivo. Recibieron el consejo y consentimiento del Senado la licenciada Nereida Feliciano Ramos como jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia en su renominación; el licenciado Samuel A. Silva Rosas como presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra; y el licenciado Ramón Cruz Alicea como Comisionado de la Comisión Industrial.

Aval del Senado a medidas de la Cámara

Además el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 1024 (A-097), medida de administración, que enmienda varias leyes relacionadas con agencias de seguridad pública para ampliar el alcance del Programa Experience del Departamento de Seguridad Pública. La iniciativa incorpora a la Policía de Puerto Rico, al Cuerpo de Vigilantes y al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El propósito es que los participantes tengan acceso a experiencias educativas y preventivas más amplias que les permitan conocer de primera mano las funciones que realizan estas agencias gubernamentales. La medida también establece la obligación de colaboración entre las entidades participantes para promover el programa y ampliar las oportunidades de orientación y desarrollo dirigidas a la ciudadanía.

También, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 197 que designa el área de Ventana al Mar, ubicado en la avenida Ashford en Condado, con el nombre de la ex primera dama de Puerto Rico, Doña Kate Donnelly. La medida busca rendir homenaje a su legado y contribuciones a Puerto Rico. La designación reconoce su trayectoria pública y social, cuyo nombre quedaría asociado de forma permanente a uno de los espacios recreativos y turísticos más emblemáticos de San Juan.

Aprobadas otras medidas legislativas

Además, como parte de los trabajos legislativos el Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 484, del senador de mayoría Jeison Rosa Ramos, para designar el 9 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola”. Igualmente, el Proyecto del Senado 928, de administración para enmendar la “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito” para establecer a las víctimas de trata humana como elegibles para que la Oficina pueda conceder compensación por daños ocurridos a causa de ser víctimas de dicho delito.

Por otra parte, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 153 de la senadora de mayoría Karen Román Rodríguez. La medida busca designar la totalidad de la Carretera Estatal PR- 421, dentro de la jurisdicción del Municipio de Moca, con el nombre de Luis González Pérez, en reconocimiento a su legado empresarial, comunitario y aportación al desarrollo del pueblo de Moca. También, recibió aval la Resolución Conjunta del Senado 154 del senador de mayoría, Ángel Toledo López, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluar la disposición del Edificio Anexo de la Escuela Superior Central, ubicado en Santurce a favor del Fideicomiso de Ballets de San Juan.

Asimismo, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 167 del senador de mayoría, Héctor “Gaby” González López. La resolución ordena evaluar la transferencia o disposición de un terreno de aproximadamente once cuerdas ubicado en el barrio Bajura de Vega Alta, donde se encuentra la histórica chimenea de la antigua Central Carmen, para cederlo a dicho municipio. De Soto Aguilú, recibió aval la Resolución del Senado 201 para investigar la posible disposición inadecuada de vehículos de motor, maquinaria pesada y otros equipos adquiridos con fondos públicos de los gobiernos municipales. La pesquisa examinará si se cumplieron los protocolos y procedimientos establecidos.

A su vez, de Rivera Schatz la Resolución del Senado 542, para expresar “la más sincera felicitación y el reconocimiento del Senado al licenciado Luis Dávila Colón por su extraordinaria trayectoria profesional como abogado, autor, analista, comentarista y figura destacada de los medios de comunicación de Puerto Rico; y para exaltar sus aportaciones al debate público, al periodismo de opinión y al análisis de los asuntos políticos y sociales de Puerto Rico”.

De igual forma, recibió aval la Resolución del Senado 342 de Moran Trinidad que propone investigar el cumplimiento de la Ley 28-2024 por parte de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y de las aseguradoras que participan en el Plan Vital. El proceso se enfocará específicamente en la eliminación del requisito de referido del médico primario para pacientes con enfermedades crónicas o condiciones de alto costo, una de las disposiciones más importantes de la legislación aprobada.

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 497 del senador de mayoría Luis Daniel Colón La Santa. La resolución busca realizar un estudio estadístico sobre la situación salarial de las enfermeras en Puerto Rico. Además, fue aprobada la Resolución del Senado 310 de la senadora de minoría, Ada Álvarez Conde, para investigar la existencia de tuberías y descargas de aguas negras en el mar y otros cuerpos de agua de Puerto Rico.