Durante su sesión ordinaria, el Senado de Puerto Rico confirmó a Lisoannette González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La delegación de Movimiento Victoria Ciudadana, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador José Vargas Vidot no apoyaron el nombramiento de la nominada.
Asimismo, la Cámara Alta aprobó una medida que propone otorgarle al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático el deber de colaborar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para garantizar que las agencias cumplan con las obligaciones dispuestas en la Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos.
Se trata del Proyecto del Senado 1048, que cuenta con la autoría de senadores de cada delegación, que propone enmendar la mencionada ley para actualizar definiciones, aclarar la política pública respecto al manejo de desperdicios o residuos sólidos, y para otros fines.
Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, en Puerto Rico se estableció como meta reducir el 35 por ciento del volumen de desperdicios sólidos que se depositan en los vertederos para el 2006. Tres décadas más tarde, el país no se acercó a la meta. No hay campañas educativas ni orientación a la ciudadanía sobre qué se puede reciclar y cómo se debe hacer.
“Presentamos el proyecto para reforzar la política de la Ley 70, aumentar la transparencia en los procesos que tienen los municipios para administrar el programa de reciclaje. Por otra parte, establece que el DRNA le prestará asistencia técnica a los gobiernos municipales. Consideramos recalcar que el cambio climático y la crisis de los vertederos requieren un verdadero compromiso de las instituciones, comunidades y empresas privadas”, sostuvo la senadora Ana Irma Rivera Lassén, quien es una de las autoras de la pieza legislativa.
El senador Vargas Vidot indicó que esto es “un dolor de cabeza para los alcaldes. Han tenido que destinar inmensas cantidades de su presupuesto para contratar compañías. Estamos hablando de un proyecto que se establece con una inmensa anticipación a los problemas de cambio climatico”.
La medida establece que se deben aprovechar los fondos CDBG y FEMA y cualquier otro que esté disponible. Por ejemplo, en el presupuesto certificado por Ia Junta de Supervisión Fiscal para el año 2022-2023, se designaron $57,980,000 para el Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para implementar Programas de Reciclaje en los Municipios, que fue creado en la Ley 53-2021 y está dentro del Fondo de Equiparación de los Municipios.
Por otro lado, se avaló el Proyecto del Senado 698, de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, que propone enmendar la ley conocida como Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, a los fines de reconocer el derecho del paciente a recibir visitas de personas designadas por este o por su tutor, y aclarar que “tutor” puede ser la pareja consensual del paciente.
“Reconociendo las diversas maneras en que se organizan las familias puertorriqueñas, esta Asamblea Legislativa entiende prudente y necesario atemperar la Carta de Derechos y responsabilidades del Paciente, a fin de que cualquier personas designada pueda visitar al paciente gozando de los mismos privilegios que un familiar”, sostiene el proyecto.
Al ampliar los derechos contenidos en esta Carta, se reafirma la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, se actúa sensiblemente ante las realidades del país y las necesidades de los pacientes. También, la pieza reafirma el derecho de todo ciudadano a decidir sobre diversos elementos de su tratamiento médico.
Por otro lado, la Cámara Alta, previo al inicio de los trabajos legislativos, realizó una Sesión Especial para conmemorar la Semana de la Mujer, en la que cada senador tuvo la oportunidad de exaltar a una fémina.
El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves 14 de marzo a las 11:00 a.m.
