Como parte de los trabajos de la Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó dos medidas legislativas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidas a agilizar procesos administrativos para embarcaciones documentadas por el gobierno federal y garantizar el acceso bilingüe a la información en los portales digitales del gobierno.

Por un lado, se dio paso al Proyecto del Senado 1012, el cual enmienda la “Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”. La medida propone facultar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a extender, de manera temporera, la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones documentadas por el gobierno federal, en aquellos casos en que las agencias federales no puedan emitir o renovar los certificados requeridos por razones ajenas al control de sus propietarios. El proyecto busca evitar interrupciones innecesarias en el uso de embarcaciones, protegiendo así a los ciudadanos y a la industria marítima ante retrasos administrativos fuera de su control.

El informe de la medida detalla que la extensión de la vigencia del marbete tendría un carácter estrictamente provisional y no excederá de 90 días, o del periodo que dure la interrupción de los servicios federales. “De esta forma, se procura mantener la continuidad y legalidad de las operaciones marítimas, evitando la imposición de sanciones injustas a los propietarios que han cumplido con sus obligaciones, al tiempo que se previene la pérdida de recaudos para el erario y se protege el funcionamiento de las actividades económicas vinculadas al uso de las aguas jurisdiccionales”, añade.

Asimismo, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 1032, que enmienda la “Ley de Gobierno Electrónico”, para establecer que toda información publicada en los portales de Internet de las agencias gubernamentales esté disponible en los idiomas español e inglés. Con esta iniciativa, se promueve una mayor accesibilidad, transparencia e inclusión en la gestión pública, garantizando que tanto residentes como visitantes puedan acceder a información oficial de manera clara y comprensible.

“La medida fortalece la política pública de apertura gubernamental y promueve, además, el desarrollo económico al facilitar el acceso a información oficial a personas y entidades que utilizan el idioma inglés como medio principal de comunicación”, cita el informe de la pieza legislativa.

Alto Cuerpo confirma nombramientos

También, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que dirige Rivera Schatz, emitió informes positivos a siete designaciones del Ejecutivo, que contaron con la confirmación del Senado.

Los nombramientos confirmados son la licenciada Yamilza Mabel Vázquez Cuevas y la licenciada Maylén Colón Cabán para un ascenso como Fiscal Auxiliar II del Departamento de Justicia (DJ). La licenciada Wandie Camacho Santiago como Procuradora de Asuntos de Menores del DJ. También, la licenciada Natalie M. Martínez Muñiz, licenciada Carolina Medina de Gracia y el licenciado Derick Rivera Muñiz como Fiscales Auxiliares I del DJ. Además, Vanessa del Moral Rosario como Miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Otras medidas aprobadas

De otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 817 del senador de mayoría, Ángel Toledo López. Esta medida propone modernizar la “Ley Insular de Suministros” mediante múltiples enmiendas a sus artículos, con el fin de actualizar su funcionamiento frente a los retos actuales de abastecimiento, precios y emergencias. Entre sus cambios principales, designa al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como la entidad responsable de administrar la ley, centralizando funciones que antes estaban dispersas y fortaleciendo la supervisión del mercado.

Además, establece la creación de una plataforma electrónica oficial para la radicación, custodia e inspección de información requerida a comerciantes, distribuidores e importadores. “Valga indicar que esta legislación actualiza y delimita las herramientas destinadas a abordar prácticas especulativas, manipulación de calidad o empaque, acaparamiento y otras conductas que alteran los mercados fundamentales”, sostiene la exposición de motivos.

A su vez, recibió aval la Resolución del Senado 90 de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú. La medida tiene como objetivo investigar el impacto de la carencia de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia de Puerto Rico. Esto con el propósito de evaluar el acceso efectivo de las personas sordas y con impedimentos auditivos a los procedimientos judiciales y administrativos, entre otros.

También, la Resolución del Senado 125 de la senadora de mayoría, Karen Román Rodríguez, para investigar las gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras para atender la infraestructura vial de las carreteras estatales del Municipio de Aguadilla. Con principal atención a las siguientes; PR- 2, PR-459, PR- 107, PR 110, PR-111 y la Carretera del Casco Urbano del Municipio de Aguadilla.

Asimismo, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 151, presentada por petición a través de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La medida designa con el nombre de “Miguel A. Rodríguez Villafañe”, el Centro Educativo Tecnológico del Complejo Residencial Ponce Housing ubicado en el Municipio de Ponce. Esto con el propósito de reconocer su compromiso inquebrantable con la educación y su gran dedicación a la comunidad.

De igual forma, el Proyecto de la Cámara 641. Este proyecto establece la “Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores”, con el propósito de atender el problema de los cerdos salvajes que afectan las fincas agrícolas. Autoriza al Secretario del DRNA a permitir la caza de estos animales mediante permisos especiales no deportivos. También incluye la clasificación del cerdo salvaje como especie invasora y establece coordinación con el Departamento de Agricultura para su manejo.

A su vez, el Proyecto de la Cámara 878, para enmendar la “Ley de Gobierno Electrónico”. Propone requerir que el portal principal del Gobierno de Puerto Rico incluya un enlace al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. El propósito es facilitar el acceso ciudadano a información relevante sobre seguridad pública. Con esto, se promueve la transparencia, la prevención y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre riesgos en sus comunidades.

Igualmente, la Resolución Conjunta de la Cámara 187. Esta resolución conjunta ordena al DTOP, en coordinación con PRITS, realizar ajustes tecnológicos en la aplicación CESCO Digital. El objetivo es permitir que personas que no tengan evidencia de dirección a su nombre puedan validar su residencia al renovar su licencia.