La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía que preside el senador Javier Aponte Dalmau inició hoy el proceso de vistas públicas para investigar los mecanismos que se utilizarán para el repago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En esta ocasión la Comisión, a través de la Resolución del Senado 270, indagó sobre el llamado impuesto al sol, por lo que citó a deponer a la Lcda. Maritere Padilla, directora de Política Pública del Hispanic Federation y al Lcdo. Javier Rúa Jovet, principal oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA).
“Hay una política pública energética del país que no se está cumpliendo; y que recientemente las expresiones que ha hecho la AEE es que no se le está dando paso a todos estos proyectos de energía renovable… Aquí [en la vista pública] se está haciendo un análisis de que se está desalentando, por un lado, una economía que es la que queremos fomentar de energía limpia y resiliente para el país; y dos no es transparente lo que está negociando el Gobierno y la Junta de Control Fiscal de cómo se va a pagar ese servicio de la deuda”, expresó en un aparte con los medios el senador Aponte Dalmau.
Durante su ponencia el licenciado Rúa Jovet enfatizó que “existe un riesgo claro y presente este año en torno a la aprobación del llamado Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración de la AEE (conocido en inglés como Restructuring Support Agreement o RSA), el cual es impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en nombre de los tenedores de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el cual propone una serie de cargos ilegales que impactarían gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante solar: un impuesto ilegal al sol”.
A su vez, Rúa Jovet hizo un llamado a que “más allá de detener la insensata promoción de impuestos solares el pueblo de Puerto Rico merece una conversación racional entre todas las partes (JSF, Gobierno, bonistas y sociedad civil) que logre soluciones políticamente posibles y beneficiosas para todas y todos a la mutlibillonaria deuda de la AEE”.
De igual forma, la licenciada Padilla mostró gran preocupación con el acuerdo y puntualizó que “el RSA propone que todos los clientes que generen su propia energía ‘detrás del contador’, deberán pagar el cargo de transición sobre dicha generación conforme a una fórmula establecida en el acuerdo… la energía que usted mismo produce en su casa o negocio utilizando sistemas solares, molinos de viento, generadores eléctricos o cualquier tecnología que usted decida utilizar para generar su propia energía le aplicará el cargo de transición y tendrá que pagarlo aún cuando usted la haya generado por su cuenta”.
En la vista pública se dio a conocer que con la aprobación de dicho acuerdo RSA sería difícil cumplir con la Ley 17-2019, conocida como la Ley de Política Publica Energética de Puerto Rico. Pues según la Ley 17 se requiere alcanzar un mínimo de 40% de integración de energía renovable en el año 2025; 60% en el 2040; y 100% en el 2050.
“Esto [el RSA], no sólo desincentiva la integración de energía renovable a la red, también es contrario a la prohibición establecida en la Ley 17-2019, a todo cargo directo o indirecto sobre la autogeneración de energía renovable por los prosumidores”, añadió la licenciada Padilla.
Las vistas públicas realizadas por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía tienen el propósito de levantar información sobre los problemas que han tenido las organizaciones para cumplir con la Ley 17 y ver las alternativas que se pueden evaluar con relación al acuerdo RSA.
“La información que nos han vertido [los deponentes de hoy] es que las proyecciones económicas de lo que esto acarrea son devastadoras. Tanto para la población que la empobrecería como para la economía del País porque aumentaría los costos energéticos de una manera impensable”, finalizó diciendo Aponte Dalmau.
Asimismo, aseguró que continuará el proceso de vistas con relación a este tema antes de que la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y el Tribunal federal lleguen a un acuerdo que no ayudará a la economía del país.
