El Senado de Puerto Rico avaló el martes, una resolución (RS1331) del senador William Villafañe Ramos para investigar el estado de la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el fin de evaluar el estatus y los planes de dicha corporación, y garantizar que la factura de energía eléctrica de los consumidores no proyecte cargos adicionales en la facturación de la AEE a sus abonados.

De acuerdo con la Resolución Conjunta del Senado, la Comisión Especial de Asuntos de Energía, que preside Villafañe, rendirá un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones no más tarde de 90 días luego de aprobar la medida.

“Desde que llegué al Senado de Puerto Rico, he estado trabajando incansablemente para asegurarme de que los puertorriqueños podamos vivir en unas condiciones más justas. Reconociendo que las circunstancias que dieron paso a la creación de la Corporación para la Revitalización de la AEE, y al cargo de transición que implica, han cambiado, es necesario conocer el estado de dicho ente y su rol respecto a la reestructuración de la deuda de la Autoridad”, puntualizó Villafañe en comunicación escrita.

El senador recordó que la Ley 4-2016 se estableció para dar paso al acuerdo propuesto bajo el consejo financiero de Lisa Donahue y que representaba un aumento de 6 a 7 centavos por kilovatio/hora o poco más de un 30 por ciento en la factura.

La Corporación para la Revitalización de la AEE fue creada bajo la Ley 4-2016 para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, con el fin de que fungiera como vehículo para emitir los bonos de titularización (securitization) y otras acciones, y así viabilizar el acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) acordado entre la AEE y algunos acreedores.

La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el mercado de valores, a fin de obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado.

Dicha titularización garantizaba el repago de la deuda incluida en el RSA mediante una partida que sería cobrada en la factura de los consumidores de la AEE.

No obstante, mediante la posterior aprobación de la ley federal Promesa y a raíz de la crisis económica de la Isla, la AEE entró en un proceso de reestructuración de su deuda mediante un procedimiento ante el tribunal al amparo del Título III de dicha ley federal.

Luego de años de negociaciones, la AEE ha llegado a un acuerdo de reestructuración con un grupo de tenedores de bonos de la corporación pública, avalado por la Junta de Control Fiscal, el cual se encuentra actualmente ante la consideración del tribunal.

Cabe mencionar que la AEE mantenía una deuda ascendente a 8,300 millones de dólares, cifra que podría ser mayor al tomar en consideración que la deuda no se paga desde el año 2015.

Villafañe puntualizó que la comisión que preside no dará visto bueno a ninguna medida que pretenda incrementar el costo energético en Puerto Rico.