La senadora del Distrito Mayagüez–Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó el Proyecto del Senado 729, que busca establecer la “Ley del Registro de Personas Maltratantes de Adultos Mayores de Puerto Rico”, con el fin de proteger a esta población de actos de abuso, explotación y negligencia.

La medida propone la creación de un registro adscrito a la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), bajo el Departamento de la Familia, que servirá como herramienta de prevención, fiscalización y disuasión contra toda manifestación de maltrato hacia adultos mayores.

“Nuestra población adulta mayor merece vivir con dignidad, respeto y protección. Este registro busca garantizar que ninguna persona con historial de maltrato pueda reincidir en escenarios de cuidado o prestación de servicios a quienes más apoyo necesitan. Es un paso firme hacia un Puerto Rico más justo y sensible con quienes han dado tanto por nuestro país”, expresó la senadora Román Rodríguez.

Según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, más del 24% de la población tenía 60 años o más para el año 2020, y se estima que esta cifra continúe aumentando en las próximas décadas. Sin embargo, el Departamento de la Familia recibe miles de querellas de maltrato a adultos mayores cada año, reflejando la urgencia de medidas adicionales para atender este problema.

El Registro será confidencial y estará disponible solo para personal autorizado del Departamento de la Familia, agencias investigativas y entidades de cuidado certificadas. Entre las disposiciones de la medida, se establece:

Restricción mínima de cinco años para que una persona con una determinación de maltrato pueda trabajar o contratarse en establecimientos de cuidado de larga duración.

Procesos de revisión administrativa y apelación judicial, garantizando el debido proceso de ley.

Fiscalización a cargo de la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia para asegurar el cumplimiento de la prohibición.

Reglamentación obligatoria en un periodo de 180 días tras la aprobación de la ley.

La senadora Román Rodríguez enfatizó que la creación del Registro responde a un deber ineludible del Estado: proteger a la población adulta mayor contra todo tipo de abuso o explotación.

“El envejecimiento de nuestra población nos reta a desarrollar políticas públicas innovadoras y contundentes. Este proyecto es un instrumento vital para asegurar que nuestros adultos mayores reciban la protección y el respeto que se merecen”, concluyó la senadora.