En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves pidió el miércoles a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que los líderes sindicales sean considerados en el análisis del plan para reabrir la economía tras la emergencia del COVID-19.
“En o antes del 1 de mayo de 2020 es el momento propicio para que la gobernadora, Wanda Vázquez, antes de impartir las medidas a implantarse a partir del 3 de mayo, anuncie y realice la reunión con los dirigentes sindicales que representan a trabajadores del sector público y del sector privado para dialogar sobre los reclamos que exige este momento histórico. Reafirmamos nuestro compromiso de realizar todas las acciones necesarias para que nuestros reclamos sean acogidos y canalizados para convertirse en realidad”, dijo Nieves en declaraciones escritas.
Se refirió a las expresiones recientes del economista Francisco Catalá, de que “los sindicatos deben jugar un papel significativo en el proceso de reabrir la economía.” Según el líder sindical, “no es aceptable que la gobernadora y sus representantes se reúnan preferencialmente con empresarios y jefes de agencias y corporaciones, excluyendo a los trabajadores”.
El líder sindical afirmó que se requiere evaluar la implantación de un proceso de transición que garantice la reapertura del servicio público, comercio y empresas de servicios, tomando las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Estableció igualmente que existe la alternativa de recurrir nuevamente al toque de queda que puede alternarse con la reapertura de la economía hasta lograr la estabilidad de control del COVID-19.
Asimismo, el líder sindical realizó una serie de reclamos al gobierno relativos al mejor bienestar de los servidores públicos, empleados de la industria privada y ciudadanos en general tras los efectos de la pandemia provocada por la propagación sin precedente del coronavirus COVID 19, al tiempo que hizo un reconocimiento especial a los trabajadores de la salud.
Acerca de la salud del pueblo, el líder sindical enfatizó que “el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad constitucional con la salud del pueblo, aunque la privatización de hospitales y las aseguradoras de planes de salud obstaculicen ese compromiso social. Por eso, al reconocer a los trabajadores de la salud su compromiso social con el pueblo, condenamos los actos de corrupción que rodean los procesos para garantizarle al pueblo las pruebas de COVID-19 que se necesitan”.
Añadió que el distanciamiento físico impuesto por el gobierno de Puerto Rico es una medida necesaria para combatir el COVID19. No obstante, entiende que las alegadas deficiencias e irregularidades para realizar las pruebas y el incumplimiento del rastreo prometido provocan la extensión del tiempo determinado mediante el toque de queda. Abundó que ello incide en el agotamiento del presupuesto de cada familia afectando su salud física, emocional, social, familiar y económica.
Estableció que los empleados del gobierno de Puerto Rico tienen, por el momento, su salario asegurado lo cual es una medida de justicia social. Al tiempo que recordó que este no es el caso para los empleados del sector privado, cuando al presente, de los más de 600,000 trabajadores, miles han sido despedidos, otros están amenazados con despidos, se les está agotando sus licencias (enfermedad, vacaciones) e implantando la reducción de horas, entre otras medidas que afectan su estabilidad económica.
Por otro lado, subrayó el sindicalista que “lo que tenemos que evitar es, como sugiere el economista José Caraballo Cueto, tratar a la salud y la economía como una dicotomía, porque se pueden crear otras enfermedades sociales que van a incidir en aumentar los contagios de COVID-19. Todos sabemos que, si se realizan las pruebas masivas, se acorta el tiempo bajo toque de queda. Por ello, urge aumentar significativamente la implantación de pruebas y los mecanismos para el rastreo de contagio”.
Reclamos puntuales al gobierno de parte de la CPT en ocasión del Primero de Mayo
- Celebrar una reunión inmediata de la gobernadora Wanda Vázquez con los que representan a los trabajadores del servicio público y de la empresa privada para dialogar respecto a las medidas a implantarse en el proceso de reincorporar a los empleados a su taller de trabajo y la reapertura gradual de la economía. Igualmente celebrar una reunión con los diversos gremios profesionales que agrupan a trabajadores tales como mecánicos, peritos electricistas, abogados, contables, barberos, cosmetólogas, entre otros.
- Cada agencia, corporación o empresa privada deberá proveer a sus trabajadores los materiales y equipo necesarios para garantizar la salud y la seguridad de los empleados.
- Establecer los protocolos en cada taller o centro de trabajo para reincorporar a los trabajadores a su empleo, incluyendo la prueba rápida del COVID-19. Esto incluye establecer los protocolos para ofrecer servicios al pueblo.
- Hacer pruebas masivas para el pueblo para detectar contagios de COVID-19.
- Impulsar enmiendas a las leyes laborales para ampliar la licencia por enfermedad de los trabajadores del gobierno y de la empresa privada.
- Aprobar legislación para crear la licencia de días pagados a empleados por emergencias naturales o de pandemia.
- Impulsar medidas que garanticen estabilidad en los servicios de salud de los trabajadores y el pueblo sin que medien los intereses de ganancias propios de la privatización de hospitales y el negocio de las aseguradoras de planes de salud. Encaminarnos hacia un sistema de salud universal en la cual el gobierno se convierte en el pagador único de servicios a los proveedores.
- Eliminar todos los contratos innecesarios que desplazan empleados y abren las puertas a la corrupción.
- Establecer mediante acuerdo con los sindicatos los procesos a crearse de teletrabajo y participar activamente en la elaboración de los reglamentos correspondientes.
- Reducir la cantidad de estudiantes por grupo para garantizarles salud y atención a sus necesidades académicas de forma individualizada y colectiva.
- Cancelar los desembolsos del presupuesto de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal y los contratos millonarios que otorgan a sus asesores. Redirigir esos fondos a medidas para servicios de salud del pueblo ante la lucha del COVID19.
- Aprobar el Proyecto de la Cámara 2434 para la Ley por un Retiro Digno en la cual, en el marco de la pandemia, protege la pensión presente y futura de la población más vulnerable al COVID-19.
- Utilizar los $9 billones reservados para los bonistas para atender las necesidades del pueblo que se han agudizado con tres eventos que han afectado nuestro desarrollo social y económico: huracán María, terremotos en el sur y COVID-19.
