El Tribunal de Primera Instancia ordenó al Departamento de Hacienda cumplir con la entrega de información solicitada por el Senado de Puerto Rico en un término de 48 horas, tras concluir que el requerimiento responde a un ejercicio válido de su autoridad constitucional.

La determinación, emitida en el caso Senado de Puerto Rico, también establece que la información requerida no es de carácter confidencial. La resolución, emitida por la jueza superior Iris L. Cancio González, reafirma el alcance del poder investigativo de la Asamblea Legislativa y su rol en la fiscalización del uso de fondos públicos.

La decisión establece con claridad que el Senado actuó en el ejercicio de su autoridad constitucional y que el requerimiento de información “se fundamenta en su amplio poder investigativo y que cualquier acción que reduzca ese poder afecta la doctrina de separación de poderes e impide la fiscalización necesaria sobre el manejo de fondos públicos”.

El presidente del Senado sostuvo que la determinación valida la posición del cuerpo legislativo. “El Tribunal confirmó lo que hemos sostenido desde el primer día. El Senado tiene la facultad constitucional para investigar y fiscalizar el uso de fondos públicos. Esa responsabilidad no se negocia”, expresó Rivera Schatz.

La resolución también establece que “como rama con igual poder, el Senado de Puerto Rico cuenta con un margen legítimo de acción que no debe menoscabarse salvo exista una violación clara a derechos constitucionales”, y añade que, en este caso, “la información solicitada no compromete el derecho de intimidad ni invade esferas protegidas”, por lo que corresponde permitir el ejercicio de la función fiscalizadora legislativa.

Asimismo, la determinación enfatiza que negar acceso a información básica necesaria para verificar el cumplimiento contractual equivale a impedir la fiscalización y obligar al Senado a operar “en la oscuridad”, lo que resulta incompatible con el orden constitucional.

“Cuando se trata del uso de fondos públicos, no hay espacio para ocultar información ni excusas para incumplir. Se trata de cumplir con el deber de proteger los fondos del pueblo y garantizar que los contratos del gobierno se ejecuten conforme a la ley. Vamos a seguir ejerciendo esa función con firmeza”, añadió el presidente del Senado.

El Tribunal también reafirmó que la contratación gubernamental está revestida del más alto interés público y que la Asamblea Legislativa cuenta con un margen legítimo de acción para investigar y requerir información, siempre que no se vulneren derechos constitucionales, lo que en este caso no ocurre.