El Tribunal Supremo de Puerto Rico desaforó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. El alto foro decidió suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía a raíz del caso federal en el que la exmandataria se declaró culpable, aunque posteriormente fue indultada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando un gran jurado federal acusó a Vázquez Garced por su presunta participación en un esquema de soborno relacionado con el financiamiento de su campaña a la gobernación en 2020. Según la acusación federal, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini —propietario de Bancrédito— y el exagente del FBI Mark Rossini habrían ofrecido apoyo financiero y asesoría política a la entonces gobernadora a cambio de que destituyera al comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, quien investigaba al banco del banquero.

Las autoridades federales alegaron que, como parte de ese esquema, se canalizarían aportaciones de campaña y otros beneficios políticos para favorecer a la entonces mandataria. Inicialmente, el caso incluyó cargos de conspiración, soborno con fondos federales y fraude electrónico, que podían conllevar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, tras negociaciones con la fiscalía federal, los cargos fueron reducidos a una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales por aceptar aportaciones de un extranjero a una campaña política.

Además de Vázquez Garced, también fueron acusados el propio Herrera Velutini y Rossini, quienes posteriormente se declararon culpables como parte del proceso judicial. En el caso también figuraron otros colaboradores que cooperaron con las autoridades federales, entre ellos Frances Díaz, expresidenta de Bancrédito, y el consultor político John Blakeman.

Aunque el indulto presidencial eliminó las consecuencias penales del caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó la admisión de culpabilidad de la exgobernadora y concluyó que la conducta admitida es incompatible con los estándares éticos de la profesión legal. Por ello, el máximo foro judicial determinó suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía en la isla.