Habrá una Junta de Supervisión Fiscal a la medida de la administración Trump. La Casa Blanca envió correos electrónicos a cinco de los siete miembros del ente fiscal notificándoles que estaban despedidos. La movida fue confirmada en declaraciones escritas enviadas por la Junta luego que se filtrara en medios estadounidenses que la notificación se dio el viernes pasado.

Reacciones tras destitución de cinco miembros de la Junta Fiscal por parte de Trump

Habrá una Junta de Supervisión Fiscal a la medida de la administración Trump. La Casa Blanca envió correos electrónicos a cinco de los siete miembros del ente fiscal notificándoles que estaban despedidos. La movida fue confirmada en declaraciones escritas enviadas por la Junta luego que se filtrara en medios estadounidenses que la notificación se dio el viernes pasado.

Diversas figuras políticas reaccionaron el martes a la destitución de cinco integrantes de la Junta Fiscal por parte del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, en la que expresaron preocupación por el impacto de esta decisión en los procesos fiscales de Puerto Rico y el futuro de la reestructuración de la deuda.

“El pueblo de Puerto Rico ha perseverado a través de apagones, fracasos y promesas rotas. Lo que la administración de Trump parece estar entregando es otro acuerdo de espalda al país que pone a los fondos de inversión por encima de las familias trabajadoras”, expresó el congresista demócrata Jared Huffman, quien ocupa la portavocía de la minoría en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, en declaraciones escritas.

Desde el ámbito local, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, responsabilizó la condición colonial de Puerto Rico por la imposición unilateral de nuevos miembros a la Junta. “Es el más burdo ejemplo de que vivimos bajo un régimen colonial, donde no contamos con el poder político para tomar nuestras propias decisiones”, expresó Méndez.

“La imposición de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA en 2016 dejó al descubierto la falta de verdadera autonomía. Puerto Rico no controla sus finanzas, y muchas de sus decisiones políticas están subordinadas a una entidad impuesta por Washington”, agregó el líder cameral.

Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, aseguró que “la destitución de cinco integrantes de la Junta de Control Fiscal no responde a una súbita conciencia de responsabilidad fiscal y democrática, sino que responde a una lucha entre sectores de inversionistas interesados en sacar ventaja de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica».

“La Junta no llegó a rescatar al país. Llegó a proteger a los depredadores financieros que se beneficiaron por décadas de la triple exención y todavía quieren más, aun a riesgo de una segunda quiebra”, dijo Santiago.

En una declaración oficial, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera expresó que su compromiso será que los nuevos nombramientos respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico y no a los intereses de quienes “quieren aumentar la luz para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

La gobernadora Jenniffer González reaccionó a la decisión al señalar que el presidente Trump ejerció su poder bajo la ley PROMESA. “Mi administración ha trabajado y mantiene una comunicación directa desde el día uno con todo el componente de la Junta y su personal. Este trabajo continuará con los nuevos miembros para ponerle punto final a la presencia de la Junta Fiscal en Puerto Rico”, sostuvo la mandataria.

La Junta Fiscal confirmó este martes la destitución de Arthur Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas, según le fue notificado oficialmente por la Casa Blanca.

“La Junta de Supervisión continuará trabajando para cumplir con el mandato de la ley PROMESA y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, indicó el organismo en una breve declaración escrita.

El ente federal fue creado en el 2016 bajo la ley PROMESA con el propósito de restaurar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital del gobierno de Puerto Rico.