La muerte de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes federales en Minneapolis durante una protesta contra una redada migratoria, ha abierto una de las crisis políticas más sensibles para Donald Trump en el actual ciclo de tensión por la política migratoria.
Dos semanas después de otro caso similar que derivó en la muerte de Renee Good, la Administración se enfrenta a un escenario complejo: un presidente que intenta ganar tiempo con una revisión del incidente, un aparato de seguridad que mantiene una narrativa cerrada desde el primer minuto y una ciudad donde la indignación social no deja de crecer.
En una breve entrevista con The Wall Street Journal, Trump evitó pronunciarse sobre si el agente que disparó contra Pretti actuó correctamente. Preguntado en dos ocasiones, el presidente se limitó a señalar que su Administración “está revisando” lo ocurrido. Al mismo tiempo, deslizó la posibilidad de retirar a los agentes migratorios de Minneapolis “en algún momento”, sin fijar plazos, y defendió el despliegue federal afirmando que los agentes “han hecho un trabajo fenomenal”.
Esta posición ambigua busca contener el impacto político inmediato sin desautorizar a las fuerzas federales, en un contexto en el que la Casa Blanca es consciente de que cualquier concesión explícita puede interpretarse como una debilidad frente a las protestas y a los gobiernos locales demócratas.
Un relato oficial que no se mueve
Mientras Trump mantiene la cautela, el Departamento de Seguridad Nacional y otros altos cargos de la Administración han optado por una estrategia opuesta: reforzar desde el inicio un relato que presenta a Pretti como una amenaza grave. La tesis oficial sostiene que el enfermero “resistió violentamente” a los agentes y que estos dispararon en defensa propia tras intentar desarmarlo.
Esa versión se ha visto cuestionada por vídeos grabados desde múltiples ángulos y difundidos masivamente, que muestran a Pretti con un teléfono móvil, sin empuñar el arma, siendo reducido y posteriormente tiroteado a quemarropa. Pese a ello, la Administración difundió imágenes del arma que Pretti portaba legalmente y de cargadores adicionales, y construyó un marco narrativo que lo definió, antes de que se iniciara cualquier investigación, como un “terrorista doméstico” con intención de causar una masacre.
CBS News has pored over videos of the deadly shooting of Alex Pretti by federal agents in Minneapolis from bystanders.
The videos show agents spraying Pretti with a chemical irritant and then pushing him to the ground, before one of them removes a gun from Pretti’s waist and he… pic.twitter.com/Lgz48uSnKh
— CBS Mornings (@CBSMornings) January 26, 2026
Figuras clave del entorno de Trump, como su asesor Stephen Miller, el vicepresidente J.D .Vance o la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han respaldado públicamente esa calificación, vinculando el suceso a una supuesta violencia ideológica alentada por dirigentes demócratas y por las políticas de “ciudades santuario”.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor grupo proarmas del país, también respondió después de que Bill Essayli —quien fue nombrado por Trump para ejercer temporalmente como fiscal estadounidense en California en 2025— publicara en redes sociales: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que estén legalmente justificadas para dispararte”.
La NRA respondió: “Esta opinión… es peligrosa y errónea. Las voces públicas responsables deberían esperar a una investigación completa, en lugar de hacer generalizaciones y demonizar a ciudadanos respetuosos de la ley”.
La fractura política y las dudas dentro del Partido Republicano
El caso Pretti no solo ha intensificado la confrontación entre la Administración y los demócratas; también ha generado incomodidad dentro del propio Partido Republicano. Varios congresistas y senadores republicanos han pedido explicaciones adicionales y una investigación más profunda e independiente sobre las tácticas del ICE en Minnesota, una señal de que el relato oficial no convence de forma unánime.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes solicitó comparecencias de los responsables de ICE, CBP y USCIS, subrayando que su prioridad es la seguridad de los ciudadanos. A estas peticiones se han sumado otros legisladores republicanos y gobernadores estatales, reflejando una tensión interna entre el respaldo instintivo a las fuerzas federales y la preocupación por el impacto político y social de este tipo de operativos.
Sobre el terreno, la reacción ha sido inmediata. Las autoridades locales han cuestionado abiertamente la versión federal y han alertado del efecto desestabilizador del despliegue masivo de agentes sin coordinación con la policía municipal. El jefe de la policía de Minneapolis ha subrayado que, en menos de tres semanas, se han producido tres tiroteos vinculados a los agentes de ICE, algo sin precedentes recientes en la ciudad.
Las protestas, lejos de remitir, se han intensificado. Para muchos manifestantes, la muerte de Pretti se suma a una cadena de episodios que perciben como una escalada injustificada del uso de la fuerza en operativos migratorios. La posibilidad, sugerida por Trump, de invocar leyes de insurrección del siglo XIX para desplegar tropas añade una nueva capa de tensión a un escenario ya volátil.
El tiroteo ha reabierto debates estructurales en Estados Unidos: el uso de la fuerza por agentes federales, la convivencia entre el derecho a portar armas y la protesta pública, y el papel del ICE en contextos urbanos densos. Incluso organizaciones tradicionalmente alineadas con la defensa del derecho a las armas, como la NRA, han pedido prudencia y han advertido contra generalizaciones que criminalicen a ciudadanos que portan armas legalmente.
Trump intenta resistir el temporal combinando silencio estratégico y respaldo a su aparato de seguridad. Sin embargo, la revisión anunciada del caso Pretti se desarrolla bajo una presión creciente: vídeos que contradicen la versión oficial, una ciudad movilizada y un Congreso que empieza a mostrar fisuras incluso en el bloque republicano.
Crédito: Diego Tudares – Mundo Diario
