(CyberNews) – El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira reaccionó el martes en torno a la renominación de los actuales miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), anunciada el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald John Trump.
“El nombramiento busca subsanar la incertidumbre jurídica causada por la decisión reciente del Tribunal Apelativo Federal para el Primer Circuito, mas no un endoso de lo que ha sido en múltiples ocasiones un manejo errado de la Ley PROMESA”, dijo Maceira en declaraciones escritas.
Añadió que “exhortamos a que en el proceso de confirmación no medie la utilización de fondos públicos para cabildear a favor de la supervivencia de individuos que buscan permanecer en sus asientos. Sino, que se aprovechen para impulsar la agenda que busca atender las necesidades Puerto Rico. Lo contrario sería un malgasto de fondos públicos”.
Según se informó, Trump envió las nominaciones al Senado federal. Los miembros de la JCF son Carlos García; José Carrión, tercero, presidente; Andrew Briggs; David A. Skeel; Arthur González; José Ramón González y Ana Matosanto. La directora ejecutiva del ente es Natalie Jaresko.
Entretanto, el secretario de Asuntos Públicos ofreció ejemplos de iniciativas para las que deben utilizarse los recursos públicos. “Estamos hablando de alcanzar paridad en Medicaid y Medicare, lograr el 100 por ciento de paridad en categorías A&B de FEMA, recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de nuestra red eléctrica de manera más resiliente además de conseguir los fondos necesarios para atender el Caño Martín Peña, la extensión del SNAP y otros incluidos en la agenda de la Administración Rosselló”, dijo el funcionario.
Maceira explicó que “el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en que sean quienes sean los miembros de la Junta, deben respetar los límites de PROMESA y no interferir en las determinaciones de política pública del gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico”.
Por su parte, los miembros de la JCF le dieron la bienvenida a la decisión de Trump, de renominarlos para que continúen en sus funciones bajo la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act of 2016). De paso, agradecieron la renominación y dijeron esperan “continuar sirviendo luego del proceso de confirmación del Senado de los Estados Unidos”.
“Los integrantes de la Junta tienen un mandato claro: ayudar a que Puerto Rico pueda recuperarse del lastre de una deuda insostenible y de décadas de mala administración fiscal. La Junta de Control Fiscal ha renegociado gran parte de la deuda de Puerto Rico y confía en que logrará acuerdos adicionales próximamente. Asimismo, la Junta ha estado trabajando consistentemente en la implementación de planes fiscales y presupuestos balanceados a largo plazo. Los miembros de la Junta de Control Fiscal esperan continuar sirviendo a la ciudadanía de Puerto Rico como hasta ahora”, señalaron en declaraciones escritas.
Recientemente, 13 organizaciones conservadoras solicitaron a Trump la renominación de los integrantes del ente federal. El Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston dio un plazo hasta 16 de mayo para mantener los nombramientos o designar nuevos miembros. A finales de diciembre del año pasado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no haría campaña a favor de los miembros de la JCF.
Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli, abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que mantuvo el pleito ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, mediante el que esos nombramientos fueron declarados inconstitucionales, aclaró que la renominación no es para un nuevo término de tres años. “Es una estrategia para tratar de decretar que el caso se convierta en académico. (Trump) los renomina solamente a los fines de que completen sus términos que vencen el 31 de agosto. No está nombrándolos por tres años más”, dijo Emmanuelli en entrevista radial (WKAQ).
Explicó que la JCF solicitó al Primer Circuito de Apelaciones de Boston que se extienda la moratoria de su mandato más allá del 16 de mayo mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa un recurso de certiorari que radicaron, pues no favorecen esa determinación. Ese pedido fue impugnado por la UTIER y por Aurelius. “La renominación es importantísima y buenísima porque da la oportunidad de que el Senado evalúe los méritos de la Ley PROMESA, su viabilidad como ley colonial, los intereses de ellos (los miembros de la JCF), las actuaciones de ellos”, agregó.
Indicó que la UTIER se opondrá al recurso de certiorari de la JCF, mientras que cabildearán en el Senado contra la Ley PROMESA y llevarán la información completa sobre los nombramientos.
