El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Jorge Haddock, informó el lunes que radicó el Plan Fiscal Revisado para el año 2020, según aprobado por la Junta de Gobierno de la institución en su reunión ordinaria.

“Hoy la Universidad cumple con su deber de entregar su Plan Fiscal Revisado y aprobado por la Junta de Gobierno, según lo dispone la Ley PROMESA, habiendo realizado múltiples ajustes requeridos por la Junta de Control Fiscal (JCF). Sin embargo, como presidente, reitero mi posición y la solicitud para que se detengan las reducciones al primer centro docente de Puerto Rico. Si algo ha quedado demostrado durante las emergencias que hemos tenido que enfrentar como pueblo, es que la Universidad de Puerto Rico es esencial para atender los retos que tiene la isla e impulsar su desarrollo socioeconómico. Es momento de reconsiderar los recortes y brindar mayores recursos a la UPR”, dijo Haddock en comunicación escrita.

El documento, que será presentado ante la JCF, atiende aspectos como mejoras en la asistencia económica y la experiencia estudiantil, inversión en los recursos humanos, la modernización de la infraestructura con énfasis en la resiliencia y apoyo a la innovación mediante la adopción de nuevas tecnologías.

En el renglón de la ayuda económica y la experiencia estudiantil se contempla una inversión superior a 93 millones de dólares durante los próximos 5 años dirigida a infraestructura de vivienda, recreación y servicios para los alumnos. Asimismo, se incluye la asignación de 40 millones de dólares anuales en asistencia económica estudiantil.

El Plan Fiscal Revisado presta particular atención al componente del recurso humano, por lo que desglosa un paquete de inyecciones económicas entre las que se incluye una aportación de 760 millones de dólares al Sistema de Retiro en los próximos 5 años.

“A esto se suman otras medidas como un incremento en la nómina docente de sobre 20 millones de dólares anuales para el año fiscal 2025, 4.5 millones de dólares anuales de aumento en partida para la compensación de empleados no docentes, un plan de clasificación y retribución no docente, que se implementaría a partir del año fiscal 2022 con una asignación de 20 millones de dólares anuales, y la renegociación del plan médico para todos los empleados del sistema universitario, que recibirán una aportación patronal de 500 dólares mensuales, lo que representan una inversión de 48 millones de dólares”, abundó el licenciado Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno.

Con relación a la infraestructura, se proyecta una inversión de 380 millones de dólares durante los próximos 5 años en las áreas de energía y resiliencia, mantenimiento e infraestructura académica y de investigación.

La Junta de Gobierno aprobó una moción de forma unánime avalando que se detengan los recortes a la universidad.

Este plan busca trascender los aspectos fiscales e insertar aspectos estratégicos, por lo que presenta una perspectiva más abarcadora y holística de la Universidad. El documento contiene una actualización sobre el estado financiero corriente, así como los cambios operacionales ya ejecutados por la administración para cumplir con la reducción proyectada en las asignaciones gubernamentales. El impacto total de las medidas ya ejecutadas de la Universidad desde 2019 al 2025 será de 1,500 millones de dólares, equivalente a un 88 por ciento de la meta del Plan Fiscal Revisado.

En la actualización de su hoja de ruta, la Universidad consigna también sus logros y desafíos para garantizar su sostenibilidad de cara al futuro. Mientras que, por una parte, ha logrado la optimización de sus ingresos propios y ha conseguido atraer fondos federales y servicios especializados que han contribuido a mantener sus ingresos anuales en cerca de 1,300 millones de dólares, por otro lado, ha experimentado una baja sustancial en las apropiaciones del Gobierno Central, que se traducen en un recorte de 330 millones de dólares desde el año 2015 hasta el presente.

Este Plan Fiscal Revisado traza mejoras adicionales en la generación de ingresos y medidas de control de gastos, al mismo tiempo que transforma la estructura operacional de la Universidad y reestructura el Sistema de Retiro. Algunos de los cambios principales de este Plan Fiscal incluyen: ajustes en las proyecciones del año fiscal 2020 (basado en 8 meses de resultados financieros actuales), un nuevo Programa de Mejoras Permanentes (sobre 144 millones de dólares en 5 años financiado por el gobierno central), incremento en ingresos propios con aumentos en matrícula subgraduada, graduada y de las escuelas laboratorio, incremento en la contribución al Plan de Retiro a 160 millones de dólares de aportación para este año fiscal y 120 millones de dólares anuales para los próximos 5 años y el Plan de Implementación para la Reforma del Sistema de Retiro.

“Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad universitaria de asegurar ayudas económicas a nuestros estudiantes, evitar el despido de empleados y mantener la calidad de la enseñanza. Además, invertiremos en la retribución al personal docente y no docente, y realizaremos una aportación histórica al Sistema de Retiro de nuestros empleados, sustancialmente mayor a la establecida en años anteriores y a la propuesta por la Junta de Control Fiscal”, añadió el doctor Haddock.

Por otro lado, explicó que, “luego de consignar un amplio análisis que incluye aspectos actuariales, financieros, operacionales y legales, la entidad descartó en su plan medidas la reducción de pensiones, por lo que los retirados seguirán recibiendo la misma pensión que hasta ahora. Tampoco reduce los beneficios ganados por los participantes activos con derecho a jubilarse ni los de aquéllos con derecho a recibir una pensión, aunque no hayan cumplido con los requisitos de edad y años de servicio.

Sin embargo, la Junta de Gobierno decidió no someter a votación la sección de medidas concerniente a la transformación del Sistema de Retiro y que estas fueran presentadas como una recomendación, en vista de la aprobación de la Resolución 655. El propósito de esta decisión es dar deferencia al ejecutivo para que evalúe dicha medida y determine si será o no firmada. Esto supone que la Junta esperará a que concluya tanto el trámite legislativo y como la determinación ejecutiva para votar sobre estas medidas”.

Detalló que en lugar de reducir los beneficios, en el Plan Fiscal Revisado se contempla aumentar la edad de retiro de 58 a 65 años exclusivamente para los participantes activos que no cumplen con los requisitos de elegibilidad para retirarse al 30 de junio del año corriente, por lo que no aplicará a los participantes activos que cumplen con los requisitos para retirarse al 30 de junio. En la actualidad, la edad promedio de retiro de los empleados de la Universidad es de 62 años. En el documento, además, se contempla que se congelaría el Plan de Beneficios Definidos para todos los participantes activos al 30 de junio de 2020 mientras que se abre un Plan de Contribución Definida para todos los participantes activos a partir de la misma fecha.

La aplicación de estas medidas supone que la Universidad cubrirá 40 millones de dólares que aportaban los empleados al Plan de Retiro de Beneficios Definidos, por lo que la contribución de la entidad al Sistema de Retiro totalizará 120 millones de dólares anuales. Con esta combinación de medidas, la Universidad persigue mejorar el financiamiento y dar pasos afirmativos para evitar la venta de inversiones, sobre todo en un escenario de alta volatilidad como el actual, a la vez que asegura los pagos de las pensiones a sus jubilados.