Ante el grave cuadro de erosión costera que existe en Puerto Rico, la profesora en planificación de la Universidad de Puerto Rico, Maritza Barreto, recomendó este jueves a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, presidida por el representante Joel Franqui Atiles, que se declare una moratoria de inmediato para que no se expidan permisos de construcción en la zona marítimo terrestre y así evitar que empeore el problema que afecta el 60 por ciento de las 1,225 playas en la Isla.
En esta vista pública se analizó la situación y el curso de acción que debe tomarse para mitigar la erosión de las costas. Barreto enfatizó en comunicación escrita que a corto plazo debe decretarse “una moratoria de no construcción, eso es lo primero y esto no es de ahora. Desde el 1956-1978 tenemos evidencia presentada por el doctor Jack Morlock, quien en el 1978 específicamente había recomendado que no se construyera tan cerca al agua. Así que yo entiendo que de inmediato esa debe ser la línea de política pública”.
A esta recomendación se unió las expresiones de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, quien admitió que Puerto Rico se encuentra en estos momentos en un “punto crítico en cuanto a la erosión costera, dejando claro que es un proceso natural, que es dinámico, pero es un problema que definitivamente tenemos que atender”.
Como respuesta ante las preguntas de los legisladores, Vázquez explicó que para ello su agencia solicitó al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) un estudio sobre la erosión de las costas de Puerto Rico, que se encuentra en su segundo año.
“El USACE examina las posibles alternativas, el costo y beneficio de cada medida que pudiese ser adoptada para atender las diferentes causas de erosión en segmentos costeros como Rincón, Condado, Ocean Park, Punta Las Marías e Isla Verde entre otros”, dijo la titular.
Vázquez añadió que el DRNA sometió a principios el pasado año 44 cartas de intención ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) bajo el Hazard Mitigation Grant Program de la Sección 404 del Stafford Act, para realizar los trabajos de mitigación necesarios de las costas afectadas por el huracán María. Hasta el momento, no han sido desembolsados.
Por lo pronto, indicó que con los exiguos fondos que poseen en la agencia, que apenas llegan a los $100 millones y una asignación del programa de Public Assistance por $51 millones, realizan varias iniciativas entre las que mencionó el establecimiento de viveros de corales a través de Puerto Rico para proteger las costas del oleaje marino.
Así también han aunado esfuerzos con varios recintos de la Universidad de Puerto Rico “para contar con los recursos más efectivos y atender esta difícil situación que no solo afecta a Puerto Rico, sino al mundo entero”.
Esto incluye la realización de un análisis por parte de la doctora Barreto sobre los rasgos geomorfológicos y las tendencias para las playas de Puerto Rico, así como la publicación de un trabajo en torno al impacto de la erosión en la infraestructura de Rincón, realizado por los doctores del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Luis Aponte Bermúdez y Miguel Canals Silander, junto al director de la Oficina de Manejo de Costas y Cambio Climático del DRNA, Ernesto Díaz.
Por su parte, Díaz informó que la declaración de emergencia por efecto de la erosión costera es una que cada persona o comunidad que se ve afectada puede solicitar ante el Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD) ya que se trata de determinar el daño que las estructuras que se encuentran cerca de las costas han sufrido.
Díaz agregó que los municipios pueden decretar estas emergencias a través de las oficinas locales que manejan este tipo de acontecimientos. Ante esto, el representante Franqui Atiles mostró preocupación dado que no han orientado a los municipios, lo que les impide solicitar fondos federales para mitigar los daños y agilizar la recuperación en las comunidades.
En ese sentido, el exrepresentante Héctor Torres Calderón, asesor del Municipio de Arecibo y en representación de la Federación de Alcaldes, manifestó que desde el 3 de abril del presente año, el gobierno municipal de Arecibo le había entregado al Comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo, los informes y documentos preliminares entregados por agencias como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el DRNA, la Junta de Calidad Ambiental, junto a la Resolución 153, aprobada por la Legislatura Municipal, con el propósito de que se declare un estado de emergencia, para solicitar fondos federales, lo que no ha ocurrido.
Esta situación contrasta con el caso de Ocean Park, zona la cual fue declarada en estado de emergencia en poco tiempo.
Torres Calderón recomendó que en lo que se desembolsa los fondos federales se haga uso de los fondos de emergencia estatales para que se puedan mitigar los daños en comunidades vulnerables; lo que sería “una obra de justicia” para estos vecinos que viven con la ansiedad de perder lo poco que tienen.
Por su parte, el representante José “Che” Pérez Cordero sostuvo que además de los fondos, es necesaria la legislación para determinar las mejores prácticas de modo que no se afecten las costas de la Isla.
