Venezuela podría volver a producir tres millones de barriles diarios de petróleo. Al menos eso sostiene Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y antiguo presidente de PDVSA, una de las figuras más influyentes y también más controvertidas de la historia reciente de la industria energética del país. Su diagnóstico, formulado desde el exilio, no es nuevo, pero sí oportuno: el petróleo vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico y económico venezolano.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, el argumento resulta difícil de refutar. Venezuela concentra alrededor del 17 % de las reservas probadas de crudo del planeta, en su mayoría ubicadas en la Faja del Orinoco. Se trata de yacimientos ampliamente estudiados, con miles de pozos perforados y una infraestructura que, aunque deteriorada, existe. En ese sentido, la idea de que el país “deba empezar de cero” parece exagerada. La industria no desapareció: se degradó.
Sin embargo, reducir el colapso productivo venezolano a un problema de inversión o mantenimiento sería una simplificación conveniente. La caída de la producción de unos tres millones de barriles diarios a menos de un millón coincide con años de politización extrema de PDVSA, fuga de talento técnico, corrupción estructural y una gestión cada vez más opaca. A eso se sumaron, con impacto real, las sanciones internacionales que limitaron financiamiento, exportaciones y asociaciones estratégicas.
Ramírez apunta a una salida conocida: una PDVSA “despolitizada”, empresas mixtas, respeto al marco legal vigente y un plan gradual de recuperación. En abstracto, el esquema tiene lógica y antecedentes. Hasta 2013, decenas de compañías internacionales operaban en el país bajo contratos aprobados por el Parlamento. Pero la pregunta no es si el modelo funcionó alguna vez, sino si hoy existen las condiciones políticas, jurídicas y de confianza para reeditarlo.
Ahí emerge el núcleo del problema. La industria petrolera no opera en el vacío. Requiere estabilidad institucional, reglas previsibles y credibilidad ante inversores y socios internacionales. En la Venezuela actual, marcada por disputas de poder, sanciones, causas judiciales cruzadas y un Estado debilitado, la viabilidad de un plan de largo plazo resulta incierta. No basta con saber qué hacer; hace falta quién lo haga y bajo qué legitimidad.
Tampoco es menor el debate sobre sostenibilidad. Ramírez recuerda, con razón, que un siglo de explotación petrolera no se corrige por la fuerza ni por la urgencia. Pero esa sostenibilidad hoy no se juega solo en términos de producción, sino también de impacto social, ambiental y de distribución de la renta. El petróleo sigue siendo una palanca económica, pero ya no es, ni puede ser la única.
La afirmación de que Venezuela puede triplicar su producción es, en esencia, cierta en términos potenciales. Lo discutible es el camino para lograrlo. Entre la riqueza del subsuelo y su traducción en desarrollo hay un trayecto lleno de decisiones políticas, acuerdos internacionales y reformas internas aún pendientes. El petróleo venezolano sigue ahí. La pregunta no es si puede salir, sino en qué país y bajo qué reglas lo hará.
Por: Nelsymar Ulrich Serrano Crédito y fuente de artículo original: mundiario
