Departamento de la Familia avala medida para crear Administración para Adultos Mayores

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Durante una vista pública de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, el Departamento de la Familia (DF), junto con la Administración de la Familia y Niños (ADFAN), avalaron una medida que busca crear la Administración de Servicios para Personas Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos como una entidad adscrita a Familia.

La secretaria designada de la agencia, Ciení Rodríguez Troche, enfatizó que coincide con la exposición de motivos de la medida al establecer que a la luz de los cambios poblacionales que atraviesa la sociedad, es necesario que exista un componente programático bajo la sombrilla del DF dedicados, únicamente, a los adultos mayores y con impedimentos.

“Abrazamos la medida para lograr implantar dicha Administración. No obstante, reconocemos que tenemos que aunar esfuerzos en diseñar un Plan de Trabajo y reconocer las limitaciones que tenemos como agencia para trabajar en cómo podemos hacer más”, enfatizó la secretaria designada.

Según la presidenta de la comisión y autora de la medida, Rosamar Trujillo Plumey, el Proyecto del Senado 1278 propone tener una entidad “con la capacidad de gestar acciones que permitan darle más especificidad a la labor, no solo de prestación de servicios, sino de asesoramiento al gobierno con el fin de que exista un política pública respecto a cómo abordar el tema del acelerado envejecimiento poblacional.

Esta medida busca enmendar el Plan de Reorganización del Departamento de la Familia, a los fines de crear la Administración de Servicios para Personas Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos como una entidad adscrita a Familia. Además, eliminarle a la ADFAN toda responsabilidad respecto a programas para cuidado de ancianos.

En cuanto al tema de presupuesto, la ADFAN cuenta con $274 millones, de los cuales $90 millones son destinados para los servicios de los adultos mayores. Actualmente, subvencionan 6,175 adultos mayores versus 2,300 menores, lo que representa que los envejecientes son la mayor cantidad bajo la agencia, según la administradora, Glenda Gerena.

A preguntas de la senadora Trujillo Plumey sobre si existe alguna colaboración con las agencias, la secretaria designada mencionó que “la Ley 121 ha permitido que se cree un comité de trabajo para verificar constantemente la Ley, lo que permitió que esté AARP, Justicia, Vivienda; hay cerca de 10 organizaciones. Parte de las funciones es asegurarnos de que la Ley cumpla con sus funciones”. Por otro lado, tienen acuerdos con las agencias de amas de llaves, y recientemente han trabajado con los hospitales.

“Hay una responsabilidad compartida con los hospitales. Hay un proceso legal en los hospitales de referir y denunciar cuando abandonan a un adulto. Ellos deben de asumir su responsabilidad activa antes de llamarlos para que la agencia busque a un envejeciente abandonado”, dijo la senadora.

Actualmente, el Programa de Servicios a Adultos Mayores de la agencia ofrece servicios de protección social, y servicios sostenidos a adultos mayores y adultos con impedimentos que se encuentran vulnerables por carecer de recursos de apoyo familiar o de la comunidad.

Según la ponencia de la agencia, el último censo del año 2020, el 28.5 por ciento de la población de Puerto Rico son adultos mayores. De este total, el 38 por ciento de las personas de 60 años o más se encontraban bajo el nivel de pobreza. Se proyecta que para el 2030, la población de 60 años o más represente un 35 por ciento, y continuará en ascenso.

A preguntas de la senadora Keren Riquelme Cabrera, sobre si han tenido conversaciones a nivel federal, Familia ha dialogado y ha recibido respuestas positivas para ayudar al país. Asimismo, tienen una visita programada para ir a atender la situación de los adultos mayores.

En cuanto al diálogo con los municipios sobre este asunto, la secretaria comentó que, diariamente, reciben varios comunicados para el servicio de ama de llaves. “Hemos recibido el planteamiento desesperado de todos los alcaldes. Esta es una población que ellos están buscando cómo atender”.

Defensor interino DPI, José Troche Villenueve

“Para montar la estructura de esta nueva administración y continuar con los servicios para la población envejeciente, debemos tener un presupuesto de $175 millones, que serían $85 millones adicionales”, sostuvo Rodríguez Troche.

Por otro lado, en representación de la AARP, Erick Olivera Robles, mencionó que la asociación apoya la medida para la creación de esta administración. Asimismo, enfatizó que, en repetidas ocasiones, han reclamado que exista una agencia u oficina para atender los retos y oportunidades del envejecimiento poblacional.

Por su parte, el defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Juan J. Troche Villenueve, avala la creación de la administración, y enfatizó que se debería considerar el darle autoridad jurídica.

“Es importante que todos ustedes que trabajan con este tema se adentren. Yo soy partidaria de la defensoría y la fiscalización para que las cosas se hagan bien”, dijo la senadora Trujillo Plumey.

La comisión continuará sus trabajos mañana, jueves, 5 de octubre.