Junta de Supervisión Fiscal aprueba versión de Presupuesto y Plan Fiscal

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Foto de archivo: Financial Oversight & Mgmt Board for Puerto Rico

(CyberNews)- La Junta de Control Fiscal aprobó el miércoles su versión del presupuesto de 13 mil 62 millones de dólares para el año fiscal 2024-2025 y el Plan Fiscal para el 2024.

“Hoy estamos presentando el presupuesto del gobierno central para el año fiscal 2025 que planeamos someter a la Asamblea Legislativa para su consideración y votación. El éxito del gobierno y la junta en estabilizar el presupuesto de Puerto Rico y el crecimiento económico tras la pandemia de COVID-19 impulsado por el estímulo del gobierno federal permitirá al gobierno aumentar el gasto en un 3 por ciento en el próximo año fiscal. El superávit nos permite, juntos, invertir en las áreas donde los recursos son más necesarios, particularmente en la salud y la educación, pero también para fortalecer la base de Puerto Rico para lograr la responsabilidad fiscal y financiera y el crecimiento económico”, dijo el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica durante la audiencia pública virtual.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó en la audiencia que no tenía conocimiento de la presentación del presupuesto, por lo tanto no podía expresarse sobre el particular hasta que lo revisara. Mujica admitió que hubo un probkema de comunicación sobre el asunto.

“La estabilidad que hemos logrado juntos permitirá al gobierno aumentar el gasto para la contratación de más trabajadores sociales y técnicos para el programa de atención a los ancianos, continuar la expansión de la reforma del servicio civil, realizar reparaciones en escuelas públicas y centros para menores y víctimas de agresión sexual, y para la contratación de paramédicos y despachadores, entre otros. Como lo propuso el gobernador, la Junta aceptó la propuesta del gobierno de aumentar la financiación para el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y la Policía de Puerto Rico. Esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto que el gobernador pueda firmar y que sea conforme al plan fiscal, como lo requiere Promesa. Es imperativo que las dos cámaras continúen aprobando presupuestos conformes y que el gasto se mantenga dentro del presupuesto durante todo el año fiscal. Solo entonces podrá la junta de supervisión cumplir su mandato legal bajo PROMESA”, añadió Mujica.

Además, se aprobó el plan fiscal para Puerto Rico “para su revisión y certificación, y su aprobación para presentar el presupuesto del Estado Libre Asociado a la Asamblea Legislativa”.

De otra parte, Mujica insistió en la oposición del ente federal creado bajo la Ley PROMESA a la aprobación de la Ley 10 que pospone el estudio de medición neta que debe realizar el Negociado de Energía.

Según lo mandatado por PROMESA, la Ley 10 impide que el Negociado evalúe o haga cualquier cambio en la política actual de medición neta y distribución de energía del Estado Libre Asociado hasta 2031. Pero la Ley 17 y el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica requieren que el Negociado evalúe el programa de manera independiente este año, y el gobierno, al promulgar la Ley 17, encargó al Negociado la realización de un estudio para analizar los beneficios asociados con el programa actual de medición neta. Este estudio estaría sujeto a comentarios públicos. La Ley 10, sin embargo, aprobada sin audiencias públicas, restringiría la independencia del Negociado y solo un regulador libre de la influencia de intereses especiales es verdaderamente un regulador efectivo. Esto fue reconocido por la legislatura en el pasado, y aún debería ser la política hoy en día.

Por eso, el gobierno debe derogar o enmendar la Ley 10. La energía renovable, incluida la solar, es en el mejor interés público, y la medición neta es una manera efectiva de incentivar a los consumidores individuales a invertir en energía verde al hacer la energía renovable más asequible para aquellos que se benefician del programa. El Negociado decidirá qué políticas deben estar en vigor y qué reglas deben revisarse para determinar la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos de energía renovable en el mejor interés de toda la gente de Puerto Rico. Si hay un desacuerdo con respecto a las políticas del Negociado, debería haber espacio para una discusión, pero deberíamos tener esa discusión en público basada en la mayor cantidad de información posible”, sostuvo Mujica.

Esta versión debería ser incluida en las enmiendas que el Senado le incluirá al presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes.