El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, aseguró que evaluarán en detalle las recomendaciones presentadas por las organizaciones representativas de los municipios —la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes— dirigidas a regionalizar los procesos y acercar los servicios a la ciudadanía, en el marco del Proyecto de la Cámara 1213, que propone establecer el “Código de Planificación y Permisos”.
Las expresiones fueron emitidas durante la segunda vista pública celebrada por la Comisión Especial que atiende esta medida.
En torno a enmiendas a la cláusula de supremacía, presentada por este par de entidades – ya que afecta la autonomía municipal – el representante Méndez Núñez señaló que “nosotros tenemos las mismas preocupaciones que ellos…entendemos que hay que darles una mayor participación a los municipios y no se le debe lesionar las facultades a aquellos municipios que ya tienen la tercera jerarquía, y su propia oficina de permisos”.
Por lo tanto, indicó que la intención debe ser estimular para que más municipios tengan esa autonomía, por lo que planteó que “no podemos dejar abierto el que sea mediante reglamentación que se apruebe ciertas cosas para los municipios; sino que se debe dejar claro en la intención legislativa y en el proyecto de ley claramente, el que no se pueda afectar la autonomía municipal y que no pueda tener una supremacía total para el gobierno central, cuando lo que queremos es delegarle más funciones a los gobiernos municipales”.
“No puede haber un proyecto que eche hacia atrás la lucha que por décadas los alcaldes han tenido, como el gobierno más cercano al pueblo, de tener más competencia, más autonomía, mayores facultades y que el gobierno grande, se haga más pequeño y que los municipios tengan mayores competencias y recursos económicos porque son mucho más agiles en términos de atender al pueblo”, puntualizó el líder cameral.
Otro de los puntos presentados por la Federación de Alcaldes y a su vez, la Asociación de Alcaldes giró en torno a darle una mayor autonomía a la Junta de Planificación (JP), en lugar de estar adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), ya que contrario a la agencia antes mencionada-cuyo rol es económico- la JP está más centrada en la planificación ordenada del territorio.
“Puede darse el caso de que los fines del DDEC, no estén necesariamente alineados con los de la JP, por eso entendemos que debe estar como una secretaria aparte que responda a la gobernadora”, expresó el alcalde de Aguada, licenciado Christian Cortés Feliciano en representación de la Asociación de Alcaldes.
Así también se trajo a la atención el posible conflicto de interés que pueda existir ante el hecho de que el DDEC “otorgue permisos y también atienda las querellas sobre esos mismos permisos, creando un conflicto institucional evidente”, declaró a su vez el presidente de la Federación de Municipios y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez.
“Queremos permisos más rápidos, pero que se establezcan sistema de contrapesos”, añadió Hernández Rodríguez, quien sostuvo que el proyecto le otorga “superpoderes a los profesionales autorizados (PA), sin la fiscalización adecuada, por lo que recomendó que se establezca auditorías aleatorias de al menos el 20 por ciento de los permisos que emitan”.
A preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago, el presidente federado reclamó que agencias tales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, LUMA Energy, y la Autoridad de Carreteras, tengan un término fijo para otorgar los endosos que les corresponden, ya que en ocasiones se convierten en un escollo, “puesto que, si siguen con la práctica actual, de nada vale ningún código en Puerto Rico”.
Por su parte, el alcalde Cortés Feliciano manifestó que “a juicio de la Asociación, cualquier reforma válida del sistema de planificación y permisos debe satisfacer principios rectores de política pública que incluyen la autonomía municipal, la intervención municipal previa a la evaluación y aprobación de permisos de forma expresa y no diferida al futuro reglamento, el poder adjudicativo y regulador en manos gubernamentales y no en los profesionales autorizados y que cualquier reglamentación adoptada posteriormente tenga salvaguardas procesales equivalentes o superiores a las de la Ley de Procedimiento Uniforme”.
Así también, fue enfático en que la reforma debe ser una para descentralizar y regionalizar estas funciones, tal y como se ha adoptado tanto a nivel de jurisdicciones como Delaware, como a nivel mundial.
La Comisión, reanudará su análisis el próximo martes, 5 de mayo. En esta ocasión están citados el Departamento de Salud, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Seguridad Pública junto al Negociado de Bomberos.
