(Cybernews) – Luis Pedraza Leduc, Coordinador del Programa de Solidaridad UTIER reaccionó a la decisión de la juez Laura Taylor Swain, quien aprobó el acuerdo y el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), sometido por los bonistas y la Junta de Control Fiscal (JCF) en diciembre de 2018.
“Sí es bueno, para los bonistas. No es bueno para Puerto Rico y su gente”, dijo Pedraza Leduc en una comunicación escrita.
“Esta decisión no representa nada positivo para el país y que por el contrario representa una sentencia hacia la miseria, pone en riesgo las pensiones y limita los servicios esenciales que deben garantizarse al pueblo”, agregó.
Indicó que PROSOL UTIER presentó una objeción al Acuerdo y al Plan de Ajuste de Deudas de COFINA basado en tres argumentos fundamentales. Primero, que el Plan de Ajuste de Deudas no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones; segundo que este plan no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y tercero, el plan no cumple con los requisitos que establece la Ley PROMESA para su confirmación, en específico el garantizar los servicios esenciales.
Pedraza Leduc añadió, “que la reciente revocación por parte del Tribunal Federal a una decisión de la juez Taylor que implica aumentar la deuda en más de tres millones, es un elemento que demuestra cómo se continúan comprometiendo los limitados ingresos del país en favor de los bonistas. De cara a julio de 2019 se intentara comprometer aún más los ingresos en favor de una deuda no auditada y que no debe reconocerse como legítima ni debe ser pagada por el pueblo de Puerto Rico”.
Asimismo, señaló que su organización presentó al tribunal un estudio encomendado al doctor José Israel Alameda Lozada, catedrático de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Mayagüez en el que se detallan las fallas que contiene el plan de ajuste presentado.
“La juez Taylor Swain no admitió el estudio como evidencia para evitar confrontarse con argumentos científicos y documentados que de ser considerados no permitirían validar el acuerdo. La juez descarriló un proceso serio y lo convirtió en una decisión acomodada al propósito de la Ley PROMESA, el cobro de la deuda sin importar las consecuencias sociales y económicas negativas a la gente”, alegó el portavoz de PROSOL UTIER.
Detalló que el estudio señaló como error de la JCF el asumir que la economía va a crecer, basado en fondos federales no recurrentes por el desastre del huracán María, proyectar aumentos en el recaudo del impuesto sobre ventas y uso (IVU) sin considerar la baja en población, obviar los hallazgos del Plan Fiscal que reconocen un déficit de ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058 y el impacto de reducción en el recaudo debido a la reforma contributiva propuesta, entre otros.
“PROSOL UTIER consideró que el aval del tribunal era previsible y que demuestra una vez más la necesidad de expresar oposición del pueblo a la Ley PROMESA y al pago de una deuda que cada día aumenta en perjuicio del pago de pensiones, los empleos de los trabajadores y los servicios de educación, salud, vivienda y protección social, entre otros”, finalizó Pedraza Leduc.
