El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, anunció el miércoles, la acusación de seis personas por un esquema fraudulento de varios millones de dólares para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).
El Gran Jurado acusó a los demandados de múltiples cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y fraude de Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL). Los documentos de acusación afirman que desde abril de 2020 hasta abril de 2023, los demandados y sus cómplices provocaron la presentación de al menos 272 solicitudes de préstamos EIDL y PPP que buscaban el desembolso ilegal de al menos 9,020,590.33 dólares en fondos federales de recuperación de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos ( SBA) y Banco 1.
“Este caso demuestra el descaro con el que los demandados aprovecharon los programas federales destinados a ayudar a las empresas que se vieron gravemente afectadas por la pandemia de COVID-19. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos continuará trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para encontrar y enjuiciar a quienes hayan robado de manera fraudulenta dinero de los contribuyentes que estaba destinado a ayudar a nuestros ciudadanos”, dijo Muldrow en conferencia de prensa.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria e Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos realizaron la investigación con la colaboración del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, la Oficina de Investigaciones Especiales de Puerto Rico, Puerto Rico Negociado de la Policía y Policía Municipal de Guaynabo.
Según documentos judiciales, Manfred Pentzke Lemus, alias “Man/Contable/El Gestor”; Rodolpho Pagesy Roussel, alias “El Banquero”; Augusto Lemus Berríos, alias “Primo”; Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, alias “Johnny Millones”; Ligia María Lemus De Pentzke, alias “Ligia Lemus Lanuza”; y Carlos Manfredo Pentzke Chamorro, alias “El Doctor”, a sabiendas idearon un plan para defraudar a la SBA y al Bank 1 para obtener dinero y propiedad federal mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponible para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia a través de la Ley CARES.
La Ley CARES autorizó la asistencia federal a través de la emisión de préstamos de la SBA a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que experimentaron pérdidas de ingresos debido a la pandemia mundial de COVID-19. El programa EIDL fue uno de esos programas de asistencia de préstamos para pequeñas empresas. Para obtener el préstamo, los solicitantes tenían que completar una solicitud en línea que detallaba la información operativa del período de 12 meses anterior a la pandemia de COVID-19, como la cantidad de empleados en el negocio, los ingresos comerciales brutos obtenidos y el costo de bienes vendidos. El solicitante también tenía que certificar que la información proporcionada en la solicitud era verdadera y correcta bajo pena de perjurio y los estatutos penales aplicables. La información presentada por el solicitante luego fue utilizada por la SBA para calcular la cantidad de dinero que se pondrá a disposición del solicitante para el alivio económico.
Los solicitantes sin fines de lucro y los solicitantes sin fines de lucro con fines de lucro generalmente eran elegibles para recibir un préstamo EIDL de hasta 150,000 dólares, con un reembolso programado de 30 años, diferido por 12 meses. Algunos solicitantes también eran elegibles para fondos anticipados de hasta 15,000 dólares. De conformidad con las disposiciones que rigen el programa EIDL, los fondos del préstamo solo pueden ser utilizados por el negocio afectado que recibe préstamos EIDL para pagar deudas fijas, nómina, cuentas por pagar y otras facturas que podrían haberse pagado si no hubiera ocurrido el desastre de COVID-19.
Otra forma de asistencia brindada por la Ley CARES fue la autorización de fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, como intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Para obtener un préstamo PPP, la pequeña empresa debía presentar una solicitud, a través de su representante autorizado, donde proporcionaba, entre otras cosas, sus gastos de nómina mensual promedio y el número de empleados. Estas cifras se utilizaron para calcular la cantidad de dinero que la pequeña empresa podía recibir en virtud de un préstamo PPP. El PPP permitió que el interés y el capital del préstamo PPP se perdonaran por completo si la empresa gastaba un cierto porcentaje de los fondos del préstamo PPP para satisfacer los gastos de nómina y el resto de los fondos del préstamo en gastos permitidos dentro de un período designado.
La acusación formal alega que los acusados y sus cómplices presentaron al menos 272 solicitudes de préstamos EIDL y PPP fraudulentas que contenían información sustancialmente falsa y fraudulenta y documentos falsos, incluido utilizando documentos fiscales falsos y ficticios, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación, para procurar el desembolso de préstamos de asistencia EIDL y PPP por parte del Banco 1. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices dirigieron a los destinatarios de los préstamos obtenidos de manera fraudulenta Préstamos PPP y EIDL para remitir una parte del producto de los préstamos a los demandados y sus cómplices y usar los fondos del préstamo para beneficiarse a sí mismos y a otros, y para pagar los gastos prohibidos según los requisitos de los programas EIDL y PPP.
Los documentos judiciales afirman que el acusado Manfred A. Pentzke Lemus fue el principal organizador del plan fraudulento para obtener los préstamos con subsidio federal y los esfuerzos para lavar las ganancias; el acusado Rodolpho Pagesy Roussel trabajaba en el Banco 1 en San Juan, Puerto Rico y usó su posición para obtener la aprobación de solicitudes PPP fraudulentas por parte del Banco 1; el acusado Augusto A. Lemus Berríos ayudó en la preparación de solicitudes de PPP fraudulentas, entre otras cosas, preparando documentos falsos para enviar al banco; el acusado Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val actuó como mensajero de dinero y coordinó la entrega de pagos de “sobornos” para impulsar el esquema fraudulento para obtener préstamos PPP y EIDL; la acusada Ligia María Lemus De Pentzke recibió pagos de “sobornos” de las ganancias del esquema fraudulento y los reenvió a sus cómplices; y el acusado Carlos Manfredo Pentzke Chamorro recibieron préstamos PPP y EIDL fraudulentos para promover la conspiración. También se alega que los acusados reclutaron a otros co-conspiradores no acusados para obtener los préstamos EIDL y PPP con falsos pretextos.
Estados Unidos confiscó aproximadamente 848.957,96 dólares en ganancias de este esquema del Banco 1, que actualmente están sujetos a decomiso.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico; y hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
Están a cargo de la acusación en este caso los Fiscales Federales Auxiliares Timothy Henwood, Daniel Olinghouse y María Montañez Concepción.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
