Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el 28 de mayo de 2026 una acusación formal de ocho cargos contra Jackeline Correa Vázquez, de 45 años, por presuntamente manipular ilegalmente fentanilo, informó W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Según documentos judiciales, Correa Vázquez estaba licenciada por la Junta Examinadora de Enfermería de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, como Enfermera de Práctica Avanzada con concentración clínica en anestesia. Aprovechando su posición de confianza dentro del campo médico, alegadamente obtuvo de manera ilegal frascos de citrato de fentanilo destinados al cuidado de pacientes, extrajo la sustancia y la sustituyó por líquidos transparentes para ocultar el robo.

Las autoridades sostienen que, mediante estas acciones, Correa Vázquez abusó de su posición profesional, puso en riesgo la seguridad de los pacientes y comprometió la integridad de sustancias controladas bajo custodia de sus empleadores.

“El acusado traicionó la confianza de los pacientes y de sus empleadores al manipular un medicamento crítico”, expresó Muldrow. “Los cargos presentados reflejan la gravedad de estas conductas y demuestran que nuestra oficina, junto a nuestros socios de ley y orden, continuará investigando y procesando a quienes pongan en peligro la seguridad de los pacientes”.

Por su parte, Michael Mayer, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, indicó que la agencia actuará de forma decisiva cuando se viole la confianza depositada en las instituciones de salud y reiteró el compromiso de proteger a los pacientes y la integridad de las sustancias controladas.

El agente especial interino Juan Berríos, de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), señaló que quienes manipulan medicamentos conscientemente ponen en riesgo la salud de los pacientes y que la agencia continuará responsabilizando a quienes comprometan la seguridad del sistema de salud.

Correa Vázquez enfrenta cuatro cargos por manipulación de productos de consumo, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1365(a), cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión. También enfrenta cuatro cargos por adquirir u obtener una sustancia controlada mediante representación falsa, fraude, falsificación, engaño o subterfugio, en violación del Título 21, Sección 843(a)(3), cada uno con una pena máxima de cuatro años de prisión.

La vista inicial de la acusada estaba programada para celebrarse hoy ante el juez magistrado federal Héctor Ramos Vega, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

La investigación está a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

El caso es procesado por las fiscales federales Myriam Y. Fernández González y María L. Montañez Concepción.

Una acusación formal constituye únicamente una alegación. Toda persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal de justicia.