La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, rechazó hoy las alegaciones de que la agencia haya archivado 229 casos de corrupción sin investigar, al tiempo que aseguró que dicha información ha sido interpretada incorrectamente y no refleja la realidad de los procesos llevados a cabo por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC).

La funcionaria explicó que el Departamento de Justicia ha colaborado con la Asamblea Legislativa dentro de los parámetros permitidos por ley y que ha suministrado al senador Luis Javier Hernández Ortiz toda la información que legalmente puede divulgarse sin comprometer investigaciones en curso o futuras.

“Le hemos brindado al legislador la información que la ley nos faculta a entregar en este momento y que no afecta procesos investigativos presentes ni futuros. Como cuestión de hecho, hasta le recibimos en la agencia y le respondimos sus interrogantes”, expresó Gómez Torres.

La secretaria indicó que divulgar información adicional sobre investigaciones podría comprometer la cooperación de testigos, vulnerar derechos de las partes involucradas, exponer estrategias investigativas e incluso poner en riesgo la seguridad de informantes.

“Reiteramos que la información tan amplia y general que solicitó el senador pondría en peligro procesos investigativos actuales y futuros, pues afectaría la cooperación de testigos, vulneraría los derechos de las partes que tenemos la responsabilidad en ley de proteger, expondría técnicas y estrategias de investigación y hasta podría poner en riesgo la vida y seguridad de informantes”, sostuvo.

Gómez Torres aclaró que la cifra de 229 casos corresponde a estadísticas de asuntos resueltos por la DIPAC luego de la implantación de un protocolo que exige a los fiscales rendir informes detallados sobre investigaciones que se extienden por más de dos años.

“Todo lo contrario, por primera vez estamos solicitando que los fiscales rindan un informe detallado sobre las gestiones de investigación en aquellos casos cuya etapa investigativa se ha extendido por más de dos años”, explicó la secretaria.

Según detalló, el protocolo fue adoptado tras un señalamiento realizado por la Oficina del Contralor en 2024, luego de identificarse investigaciones que permanecieron abiertas por períodos de hasta diez años.

La titular de Justicia enfatizó que los 229 casos no corresponden exclusivamente a alegaciones de corrupción. Algunos fueron referidos a otras agencias investigativas, otros enviados a fiscalías para evaluar posibles delitos fuera de la jurisdicción de la DIPAC, mientras que algunos continúan bajo evaluación en el área civil para gestionar la recuperación de fondos públicos.

Asimismo, indicó que varios casos fueron procesados criminalmente ante los tribunales y que, en determinadas situaciones, los fiscales recomendaron cierres administrativos debido a la ausencia de evidencia suficiente para sostener cargos más allá de duda razonable.

“Esto no es final. De obtener la evidencia que se requiere para probar el caso más allá de duda razonable, la investigación puede reactivarse”, puntualizó.

Finalmente, Gómez Torres defendió la labor investigativa de la agencia y aseguró que las decisiones del Departamento responden exclusivamente a criterios legales y probatorios.

“Hemos demostrado con acciones que no nos tiembla la mano a la hora de investigar, procesar y referir cuando procede legalmente y contamos con la evidencia necesaria para sostener un caso en un tribunal. De igual forma, cuando no existen los elementos de delito o no hay evidencia para probar un caso más allá de duda razonable, no vamos a faltar a nuestro deber ministerial por ceder a presiones externas”, concluyó.