La Comisión de Relaciones Federales de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el informe de un proyecto que busca incluir a los delegados que abogarán por la estadidad en el Congreso como servidores públicos de Puerto Rico.
“Este proyecto busca el mayor grado de transparencia entre todos los servidores públicos. Durante el proceso de vistas (públicas), ese fue el denominador común que se le dio a los delegados congresionales electos”, expresó el representante Kebin Maldonado Martiz, presidente de la comisión cameral en comunicación escrita.
Explicó que el Proyecto de la Cámara 807 (PC 807) igualmente incluiría a los delegados como funcionarios obligados a someter informes financieros en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). La pieza fue radicada, según la exposición de motivos, ante la falta de “salvaguardas” para fiscalizar la ejecución de estos funcionarios en la Ley 167-2020 que dio paso a la elección de estos cabilderos.
“Con esto le damos forma, le ordenamos un poco más de garras al proceso de fiscalización. Más allá de todo, un proceso transparente para que el país y toda la ciudadanía tenga acceso a la información de cómo se están ganando el dinero estas personas; si hay un conflicto de interés o no entre el empleo que realizan y su nueva encomienda como delegado congresional”, sostuvo el legislador.
Maldonado Martiz destacó que, durante el proceso de vistas públicas, el proyecto contó con el aval de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). No obstante, la OEG tuvo reservas con la medida al sugerir enmendar únicamente la Ley 167 y requerir los informes a los delegados mediante ese estatuto, pues establece que los delegados estarán en funciones hasta el 31 de diciembre de 2024.
