Como parte de los trabajos legislativos de la Cámara de Representantes, la Comisión de Gobierno, que preside el representante Jorge Navarro Suárez, inició el miércoles, el estudio de la Resolución de la Cámara 1098, para investigar los procedimientos de ejecución de hipotecas y los casos de desahucio en la Isla para evitar una crisis de vivienda.
La medida investigativa, de la representante Maricarmen Mas Rodríguez, busca evaluar dichos procesos e identificar nuevas propuestas que mejoren la política pública que regula esta materia.
La asesora legal Luccianna Rechani, en representación de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) presentó estadísticas sobre las solicitudes que atendió la Rama Judicial en cuanto a la orientación del proceso de desahucio.
Los datos que exhibió la abogada Rechani muestran que para el Año Fiscal 2017-2018 se atendieron 832 casos. Mientras, que en el Año Fiscal 2016-2017 se observó 639; y 685 para el Año Fiscal 2015-2016. Esta información incluye a los dueños o titulares (demandantes) y a los inquilinos o arrendatarios (demandados).
En cuanto a la experiencia directa de la Rama Judicial en las sentencias de desahucio, la representante de la OAT mencionó que una de “las situaciones que se confrontan en los tribunales con mayor frecuencia en los casos de es la falta de notificación o emplazamiento correcto de la parte demandada (el inquilino o precarista) por parte del demandante que acude por derecho propio”. Además de las personas que asisten a los tribunales por derecho propio sin los documentos necesarios para evidenciar su titularidad.
Seguido, la licenciada Coralis Veguilla del Departamento de la Familia (DF) señaló que el término provisto para el lanzamiento y así cumplir con el dictamen de la sentencia es corto.
“Entendemos que el término improrrogable de 20 (días) para que se lleve a cabo el lanzamiento es uno sumamente corto para que una familia pueda resolver la crisis de vivienda que enfrenta ante un lanzamiento por desahucio”, explicó en comunicación escrita, al recalcar que este procedimiento se lleva a cabo con una Orden y Mandamiento emitida por el Tribunal y dirigido por los alguaciles.
A preguntas del Presidente de la Comisión sobre la presencia de menores en los casos de desahucio, Veguilla dijo que se tome en reconsideración que, “la política pública del Gobierno de Puerto Rico tiene como norte la protección de los ciudadanos frente a acciones que puedan poner en riesgo a menores y adultos mayores e incapaces”.
Mientras, Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), reafirmó que la ley actual atiende el procedimiento de desahucio, ya que el término existente salvaguarda tanto los intereses de los arrendadores como los de arrendatarios.
“Concluimos con nuestra sugerencia a los efectos de que se mantenga inalterado el proceso de desahucio vigente por considerar que el mismo mantiene un sano balance entre los intereses de las partes envueltas”, dijo al reconocer que los procesos de desalojo se ven afectadas por las constantes prórroga y suspensiones que alteran los procesos.
La representante Mas Rodríguez, en su turno, preguntó sobre el rol de la banca en las sentencias de desalojo y la ejecutiva de la Asociación aseguró que “la banca si trabaja con orientación al deudor”. Esto, al afirmar que a la banca no favorece las mismas.
Antes de finalizar, el presidente de la Comisión requirió a la asesora legal de la OAT que entregue a la Comisión las ejecuciones de hipotecas realizadas, demandas presentadas y sentencias relacionadas por los pasados cinco años, entre otros datos relacionados.
