El Departamento de la Familia aclaró hoy información relacionada con el proceso administrativo para la posible contratación de servicios profesionales dirigidos al programa “Star Academy” y reiteró que nunca se formalizó un contrato que generara obligación contractual, autorizara la participación en el proyecto o diera paso al desembolso de fondos públicos.

“Es evidente que la despedida exadministradora quiere desviar la atención de su incompetencia al frente de esta administración; no está en el cargo porque no dio el grado y ahora quiere confundir los procesos para que no se hable de que estaba poniendo en riesgo los fondos del PAN y de su actitud agresiva y amenazante”, dijo la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al reiterar que no existió un contrato.

Roig Fuertes fue enfática al destacar que el proceso nunca culminó en un documento contractual formalizado y vigente que obligara a las partes o autorizara desembolso alguno.

“En el interés de no adjudicar la falta de responsabilidad y como la exadministradora estaba poniendo en juego los fondos del PAN, quieren establecer acciones que no ocurrieron”, comentó la secretaria al reiterar que no existe ningún contrato, como se ha dicho para desviar la atención de las verdaderas razones de la salida de la funcionaria.

La existencia de documentos de trabajo o borradores preparados durante las distintas etapas administrativas no altera ese hecho. Estos forman parte de los trámites que pueden generarse mientras se evalúa una posible contratación, pero no constituyen, por sí solos, un contrato formalizado.

Asimismo, explicó que la carta que ha sido divulgada públicamente corresponde a una etapa del proceso competitivo. En ella se notificó a la compañía ganadora del “request for invite” que su propuesta había sido seleccionada dentro del proceso de evaluación y se indicó expresamente que posteriormente se coordinarían los pasos dirigidos a la formalización del contrato. Es decir, el propio documento establecía que dicha formalización todavía estaba pendiente.

Posteriormente, y antes de que ocurriera la formalización contractual, el Departamento realizó una revisión administrativa, programática y fiscal del proyecto. Como resultado, se determinó cancelar la adjudicación debido a cambios en el alcance del proyecto y en su periodo de ejecución.

La cancelación fue formalmente notificada a los licitadores y proponentes que participaron del proceso. La propia notificación establece que la cancelación se produjo “antes de la formalización contractual” y que no generaba responsabilidad legal ni contractual hacia los proponentes.

“Es importante distinguir cada una de las etapas de un proceso de contratación. Puede existir una convocatoria, evaluación de propuestas, una selección inicial e incluso documentos preparatorios, sin que eso signifique que finalmente exista un contrato formalizado. En este caso, el proceso fue cancelado antes de llegar a esa etapa y, por consiguiente, no hubo un contrato vigente ni desembolso de fondos relacionado con el proyecto”, expresó Roig Fuertes.

El Departamento añadió que resulta importante examinar los documentos en su contexto y conforme a la secuencia completa del proceso administrativo. La carta de enero pasado y la posterior cancelación en mayo no son documentos contradictorios: forman parte de etapas de un mismo proceso que finalmente no culminó en una contratación.