La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anticipó el jueves que hay varias investigaciones en curso relacionada a la práctica de empleados fantasmas en todo el Gobierno de Puerto Rico.
“Este es el primer caso que radicamos por el uso de los famosos empleados fantasmas, en un esquema para defraudar al Gobierno de Puerto Rico. Yo creo todos sabemos que esto ha sido así por muchos años y yo creo que es el momento de decir que basta ya. Cuando digo que es el primero, estoy siendo explícita. Es el primero de muchos más”, dijo la fiscal federal en conferencia de prensa.
En la misma se anunció acusaciones contra Chrystal Robles Báez, Isoel Sánchez Santiago y el director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz a quienes se les imputa conspirar para cometer fraude electrónico y crear entidades falsas para apropiarse de fondos del Gobierno de Puerto Rico.
“Los acusados trabajaron en campañas electorales para candidatos a cargos electos durante las elecciones generales del año 2016. Después de las elecciones generales, los acusados comenzaron a explorar oportunidades de empleo con el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo contratos de servicios profesionales. El primero de enero del 2017, en vez de celebrar con sus familiares el Año Nuevo, los acusados comenzaron a ejecutar su plan para enriquecerse ilegalmente”.
La fiscal detalló que Robles Báez incorporó la compañía Global Instant Consulting Group. El propósito de la corporación era brindar asesoría política y administrativa, talleres relaciones públicas y consultoría. Ese mismo día, Isoel Sánchez Santiago incorporó la compañía International Legislative and Gubernamental Consulting Group. El propósito de la corporación era proveer asesoría administrativa gubernamental, redactar propuestas, ofrecer talleres sobre los procesos legislativos y procedimientos parlamentarios. Esta compañía brindó servicios profesionales en la Cámara de Representantes cerca de un año y medio hasta la renuncia del exrepresentante Samuel Pagán Cuadrado.
“En el proceso de establecer las corporaciones, Robles Báez solicitó a través del internet, documentos del Departamento de Estado, Hacienda, de la Policía y otras agencias estatales. Específicamente los acusados firmaron contratos de servicios profesionales con el Senado y la Cámara de Representantes. Robles Báez en más de 15 ocasiones certificó y solicitó pagos que indicaban que había asistido y trabajado en la Oficina de Asuntos Gubernamentales. Pero en realidad en esos días la acusada no asistió a la Oficina de Asuntos Gubernamentales ni proveyó los servicios profesionales porque se encontraba en otro lugar”, mencionó.
Sostuvo que Robles Báez recibió de Sánchez Santiago la información de varias personas- sin conocimiento ni autorización-para dar la impresión de que había dado unos servicios a unas personas cuando en realidad nunca se solicitaron ni se brindaron tales servicios.
“Angel Figueroa Cruz certificó falsamente como correcta la información contenida en las facturas de pago presentadas por Robles Báez. Robles Báez y Sánchez Santiago se dividían las ganancias del esquema, que en este caso- conservadoramente hablando- fueron 27 mil 300 dólares. Es mucho, pero este es nuestro cálculo conservador”, expresó.
Por su parte el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff habló a lo que catalogó como el grupo de funcionarios y políticos corruptos que no se han comunicado con el FBI.
“Pueden cooperar rápidamente o recibir pon gratuito para la cárcel federal”, dijo Leff.
Al reaccionar a las acusaciones, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz alegó en varias ocasiones que no tiene injerencia en ese tipo de asuntos administrativos.
“Yo no firmo contratos, yo no apruebo contratos. La Oficina de Recursos Humanos y todas las oficinas administrativas son las que manejan eso.
No hay un solo contrato que yo haya firmado”, expresó Rivera Schatz en conferencia de prensa.
Negó además que supervisara directamente a Ángel Figueroa. Mencionó que ese tipo de funciones las realiza el ‘Chief of Staff’,Gabriel Hernández, que dirige todos los departamentos. Además está el secretario de Administración Roberto Maldonado.
“Es imposible que un jefe de agencia, o el presidente de un cuerpo legislativo conozca el detalle de lo que hacen cientos y cientos de empleados aquí”, añadió.
De ser hallados culpables, se exponen a una condena de prisión de hasta 20 años.
