La única representante de Puerto Rico en el Congreso, Jenniffer González Colón, presentó legislación para reducir la burocracia en los requisitos de reconstrucción y asistencia de las agencias federales luego de un desastre, acelerar el acceso a recursos durante emergencias por desastres en Puerto Rico y otras jurisdicciones de Estados Unidos y fortalecer los servicios de organizaciones sin fines de lucro para las comunidades necesitadas.
La Cámara de Representantes federal aprobó, recientemente, dos proyectos de ley de la autoría de la congresista González Colón para promover la transparencia y mejorar el proceso de recuperación ante desastres naturales: H.R. 255, la Ley Federal de Coordinación de Asistencia para Desastres y H.R. 259, la Ley de Responsabilidad en Línea de Asistencia Post Desastre,
“Ante los desastres naturales que hemos enfrentado desde los huracanes del 2017, renfocamos nuestra agenda en Washington para asegurar recursos para la recuperación. Toda obra de reconstrucción en curso, terminada o futura, es gracias a las asignaciones históricas de fondos federales que aseguramos. Dentro del proceso, debemos también considerar las lecciones aprendidas para evitar demoras y acelerar el proceso de recuperación tanto en Puerto Rico como en el resto de los Estados Unidos. Mis propuestas buscan mejorar la respuesta del gobierno federal a los desastres, específicamente a los naturales que se han vuelto más frecuentes”, dijo González Colón.
La comisionada residente presentó la H.R. 601, que busca enmendar la Ley de Asistencia de Emergencia y Alivio de Desastres de Stafford (Ley Stafford) al: 1) modificar la guía sobre cómo se evalúan los sistemas e instalaciones de componentes múltiples para la reconstrucción bajo el Programa de Asistencia Pública (PA) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), 2) codificar el uso de profesionales con licencia local para realizar inspecciones, y 3) garantizar el reembolso oportuno para proveedores, suplidores y contratistas, como organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales (ONG).
Estas disposiciones incluyen flexibilidades para los pagos de costos compartidos realizados por entidades que no pertenecen a FEMA para proyectos bajo PA, con los desastres que se manejan actualmente en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mediante el establecimiento de un proceso global de compatibilidad o de costo compartido. Esto permitiría el uso de diferentes fuentes de financiamiento para cubrir los costos compartidos no federales, cuando la misma obligación cubre múltiples proyectos individuales. Los subreceptores podrían usar otros fondos para cubrir algunos de esos proyectos, y otros para que FEMA los cubra por completo, hasta cubrir la parte del total, en lugar de tener que aplicar la parte correspondiente para cada proyecto individual.
El H.R. 601 también enmendará la Sección 20601 de la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2018 (BBA) para exigir que la reconstrucción de instalaciones o sistemas críticos bajo PA cumpla con los estándares actuales, sin tener en cuenta la condición previa al desastre.
De manera similar, González Colón presentó el H.R. 718, que modifica la BBA para expandir la definición de servicios críticos para cubrir el manejo de desechos sólidos, manejo de aguas pluviales, vivienda pública, infraestructura de transporte y otra atención médica que no sea de emergencia. Esto permitirá que estos componentes esenciales de Puerto Rico e Islas Vírgenes sean reparados a los estándares actuales.
Actualmente, cuando hay un desastre mayor, las disposiciones de “Buy American” en virtud del Capítulo 83 del Título 41 del Código de los Estados Unidos que exige que el gobierno federal compre hierro, acero y productos manufacturados fabricados en Estados Unidos, no se aplican a ninguno de los 50 estados. Sin embargo, esta excepción no se aplica a Puerto Rico, el resto de los territorios o el Distrito de Columbia. Jenniffer González presentó el H.R 600 para corregir esta disparidad y permitir que estas jurisdicciones obtengan recursos de la fuente más rápida o efectiva para proteger vidas y propiedades durante emergencias, sin necesidad de una exención emitida por la agencia.
González Colón también presentó el H.R. 787, que busca mejorar la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro para adaptarse a los requisitos de las subvenciones federales, mediante la reducción de su parte de los costos compartidos en un 25 % durante un período de 5 años si la organización es receptora directa de la subvención federal y está ubicado en una jurisdicción que tiene más del 20% de su población viviendo por debajo del nivel de pobreza.
“La necesidad de fortalecer la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro para brindar servicios se hizo mucho más evidente después de los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos en el sur, con el huracán Fiona en 2022 y respondiendo a otros desastres. Estas organizaciones trabajaron en estrecha colaboración con las comunidades durante el período de emergencia y contribuyen a la recuperación en curso de la isla”, dijo la congresista Jenniffer González.
Puerto Rico tiene más de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Además de brindar servicios, estas organizaciones generan cerca de 151,000 empleos, lo que se traduce en más de $2 mil millones en nóminas y salarios.
