La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko reaccionó el martes, a la negativa del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia de apoyar el acuerdo con los acreedores por la insistencia en los recortes a los pensionados.
“Entiendo las preocupaciones del gobernador, que se parecen a las preocupaciones de la Asamblea Legislativa. Solamente quiero recordar que con la brecha de mil quinientos dólares (o menos- que sería el grupo de pensionados que no recibiría recorte en sus pensiones-), sobre el 70 por ciento de los retirados no tendrían recorte en sus pensiones. El resto son las que algunos le llaman las pensiones Cadillac. Entendemos que un recorte en las pensiones es importante para poder llevar argumentos de justicia al Tribunal”, dijo Jaresko en conferencia de prensa.
“Le hemos hecho claro dos puntos a los pensionados. El primero es que reservar dinero para las pensiones en un fideicomiso, les garantiza que recibirán dinero, inclusive en los años que haya déficit. Si miras las tablas, en los años fiscales 2030 a 2032, vamos a volver a tener presupuestos deficitarios. Este fondo garantiza que las pensiones se van a pagar en su totalidad y que habrá fondos para cumplir. Para que alguien en el futuro que tenga déficit decida que va a reducir los pagos”, añadió.
“Entiendo, desde mi perspectiva que esa es la ruta más justa que nos garantiza confirmación y salir de la quiebra. Entendemos que estamos atendiendo a los pensionados que están en la brecha de 1,200 a 1,500 dólares- que en su mayoría son maestros y policías- para que no reciban ningún recorte. Este acuerdo inclusive mejora el que logramos con el Comité Oficial de Retirados. Espero que en el futuro la gente pueda entender que esta es la más justa y viable alternativa para salir de la quiebra. Sé que el gobernador también quiere salir de la quiebra, así que espero que logremos consenso” sostuvo.
Al reaccionar al Acuerdo, Pierluisi Urrutia expresó en declaraciones escritas que “ el Plan de Ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal”.
En resumen, el acuerdo
- Reduce 18,800 millones de dólares de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los tenedores de bono de GO y AEP en un 61%, a $7,400 millones.
- Reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).
- Provee a los bonistas de Bonos Generales (G’O, por sus siglas en inglés) y Autoridad de Edificios Públicos (AEP) 7,400 millones de dólares en bonos y 7,000 millones de dólares en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones.
- Incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, por sus siglas en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de G’O y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020.
El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a 1,150 millones de dólares para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta 4,200 millones de dólares sin la reestructuración.
El pago anual de la deuda en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos 1,500 millones de dólares, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de 300 millones de dólares adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno. Es decir, los pagos anuales suman a 34,100 millones de dólares a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62 por ciento en comparación a los 90,400 millones de dólares que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.
De igual modo, en el nuevo acuerdo, la consideración de efectivo/deuda a los bonistas provee una reducción promedio del 27 por ciento para los tenedores de bonos G’O y una reducción promedio del 21 por ciento para los tenedores de bonos de AEP, además de reducir sus reclamos por el equivalente a muchos años de pagos de intereses.
El nuevo acuerdo incluye un CVI que comparte una porción del rendimiento superior a lo anticipado con los acreedores si la economía de Puerto Rico crece más que las previsiones del Plan Fiscal Certificado en 2020. El CVI utiliza el 5.5 por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso de Puerto Rico (IVU) comprometido con COFINA como medida de rendimiento superior. Si el gobierno de Puerto Rico cobrara más IVU del 5.5 por ciento proyectado, los acreedores –que son partes en este acuerdo- recibirán 45 por ciento del incremento sobre la cantidad proyectada, sujeto a límites máximos anuales y de por vida. Si la economía se desempeña según lo proyectado o cae por debajo de las expectativas, los acreedores no reciben ninguna compensación incremental del CVI.
El acuerdo fue aprobado por los integrantes de la Junta por unanimidad.
Los tenedores de más de 11,700 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras (monolines) Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. yNational Public Finance Guarantee Corp.
La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
