La secretaria del Departamento de Justicia Dennise Longo Quiñones, dio a conocer el lunes, que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, en el caso número 2019-31-102-00098, contra el cual se habían recibido alegaciones que fueron investigadas por el Departamento.

Longo Quiñones dijo en comunicación escrita que “para corroborar las alegaciones el Departamento de Justicia (DJ) entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, y por el agrónomo Jorge Campos Merced, Director de la Oficina para la reglamentación de la Industria Lechera, determinando que lo alegado no se pudo comprobar. Según dispone la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, el informe de la investigación preliminar se envió al Panel con una recomendación de no designación de un FEI. También se enviaron cartas comunicando dicha recomendación a las partes querellantes y al querellado”.

Por su parte, Flores Ortega reaccionó al reconocer que no es posible “complacer a todos”.

“Hace 143 días le dije al pueblo de Puerto Rico lo siguiente: “Durante toda mi vida en el servicio público he actuado conforme a la ley y con el más alto rigor ético. Como funcionario público reconozco, no obstante, la facultad que se tiene de indagar sobre alegaciones presentadas, las que sean, y con la misma responsabilidad de siempre, estaré en disposición de aclarar cualquier duda.

Desde la posición de Secretario he representado al sector agrícola para beneficio de nuestros agricultores y del pueblo de Puerto Rico en general. No siempre ha sido posible complacer a todos, pero ninguna incomodidad o inconformidad puede ser sinónimo de actos inapropiados, y siempre, de hecho, he estado disponible para atender esas controversias”.

Mis expresiones hoy son las mismas que ese día, con la diferencia de que hoy mi compromiso con Puedo Rico y con la administración pública es 143 días más grande”, dijo Flores Ortega en comunicación escrita.

Por otra parte, también se solicitó a los miembros del Panel el nombramiento de un FEI en el caso número 2019-31-102-00105 relacionado a querellas presentadas contra el exrepresentante Narden Jaime Espinosa en la Oficina de Ayuda al Ciudadano del Departamento.

La notificación al Panel recomienda la designación de un FEI para investigar al Exrepresentante Jaime Espinoza y a los siguientes funcionarios y contratistas:

Norberto Olmeda Pérez, administrador de la oficina de Humacao del Exrepresentante; Grandi Liz López Pagán, oficinista; Luis Miguel Berrios Fontánez, ayudante especial; Myrna de León Vélez, oficinista; Deborah González, oficinista; Elizabeth Reyes, empleada; Alejandro López López, empleado de oficina; Ismael Mercado Casillas, chófer; Loida González, oficinista; y Lizette Piñero Peña, contratista.

Todos los querellados y querellantes serán notificados de la recomendación al Panel mediante carta.

Longo Quiñones reiteró que las comunicaciones del Departamento de Justicia al Panel no adjudican la comisión de delito por las personas identificadas en la comunicación. La notificación meramente detalla la recomendación por parte del Departamento de Justicia de que se lleve a cabo una investigación por un FEI o la recomendación de que no se investigue el asunto.

La titular de Justicia indicó que “luego de recibir la comunicación y el informe del DJ, corresponde al Panel determinar a la luz de su propia evaluación y criterios si procede o no la designación de un FEI. Será el FEI quien, luego de la correspondiente designación, estará a cargo de la investigación y determinará si deben presentarse denuncias en contra de los investigados.”

“Nos reiteramos en la política de no comentar sobre la información y evaluaciones del derecho en los informes preliminares que son parte integral de la investigación confidencial referida al Panel para que sean ellos quienes procedan a decidir si el asunto amerita una investigación en su fondo. Hacer lo contrario viola la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico al mancillar la reputación y la honra de personas a las cuales no se les ha imputado delito”, concluyó Lonqo Quiñones.