Durante la mañana de hoy, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez junto a los legisladores Jesús Santa Rodríguez, José “Conny” Varela, Deborah Soto y Luis Raúl Torres Cruz radicaron legislación para poner fin a la quiebra de Puerto Rico.
“En el día de hoy estamos radicando la “Ley para poner fin a la quiebra de Puerto Rico”. De esta forma, cerramos un ciclo de 15 años de intentos para resolver los problemas del país después de la terminación de los incentivos al sector manufacturero que causó que la isla entrara a una depresión económica que todavía hoy día padecemos”, expresó Hernández Montañez.
Según el Legislador, en el año 2013 el Gobierno de Puerto Rico intentó entrar al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal. Al ser rechazada, se aprobó la Ley de la Quiebra Criolla, que fue retada y derrotada en los Tribunales. Finalmente, lo que se aprobó fue la Ley Promesa que estableció el marco legal para reestructurar la deuda.
“Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar legislación para atender la situación. Lo que estamos radicando hoy es la reestructuración de la deuda al Gobierno Central, que actualmente está en $18.8 billones de dólares. Asimismo, proponemos una reducción a $7.4 billones, lo que significa el 60% del pago de la deuda y esta legislación facilita tal reducción”, explicó Hernández Montañez.
Explicó que esta legislación también habilita la reducción en el pago a la deuda de $3,300 a $1,133 billones de dólares anuales. Esta cifra representa una reducción de dos terceras partes de lo que se hubiese pagado anualmente.
Hernández Montañez indicó que le solicitaron a la Junta de Control Fiscal que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central puedan restituir el 100% de los cortes a las pensiones, según incluidos en el Plan Fiscal. Según el Presidente, Junta aceptó esta propuesta.
De igual modo, este indicó que con el umbral de $1,500 por pensionado, la restitución costaría $90 millones. Le solicitaron a la Junta que suba el umbral a $2,000. El costo de restituir las pensiones costaría $44 millones al erario. Esta propuesta también fue aceptada por el ente fiscal.
De otra parte, propusieron que, cónsono con la reducción del 60% en el pago de la deuda por parte del Gobierno Central, la misma proporción se reduzca al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para destinar ese dinero a los municipios, de modo que puedan proveer los servicios de recogido de desperdicios sólidos.
“Esta propuesta permite que el 1.03% de los ingresos del CRIM, que estaban destinados al pago de la deuda del gobierno central, ahora estén disponibles para los municipios”, añadió.
“Al culminar este proceso legislativo, la Cámara, el Senado y el Gobernador comienzan la verdadera salida de la Junta. Ahora vamos a modificar las leyes aplicables y – de ser necesario – la Constitución para evitar que Puerto Rico caiga nuevamente en un proceso de quiebra”, dijo Hernández Montañez.
Crédito de fuente y artículo original: Sin Comillas
