Senado aprueba legislación para reducir carga contributiva a partir del año contributivo 2023

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Foto: Notiséis 360

El Senado avaló, durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria, una medida de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que busca reducir la carga contributiva y el costo para hacer negocios en Puerto Rico beneficiando a los contribuyentes a partir del año contributivo 2023.

La pieza legislativa es el Proyecto del Senado 735 que busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 a los fines de reducir las penalidades por dejar de rendir ciertas declaraciones informativas, planillas y estados de reconciliación, informes de transacciones, y declaraciones de corredores o negociantes de valores.

“Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa mantener una revisión continua de la política contributiva de Puerto Rico, para así atemperarla a los tiempos. Adicional, la responsabilidad contributiva no puede estar marcada en un sistema complejo y costoso en su cumplimiento, y debe perseguir el fomentar, el ampliar la base contributiva para que todos los sectores participen y no se vean limitados en formar parte del sistema por sus cargas y penalidades”, expone el proyecto en su exposición de motivos.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto del Senado 834 de la autoría de la senadora de la delegación del Partido Nuevo Progresista, Migdalia Padilla Alvelo, que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el propósito de aumentar a $1,000 la cantidad máxima de donativos que puede ofrecer un alcalde, en situaciones de emergencia, a personas naturales sin que medie una ordenanza o resolución previa de la Legislatura Municipal y para que en casos excepcionales de pérdida por fuego, inundaciones, eventos meteorológicos o terremoto, la cantidad a donarse pueda ascender hasta un máximo de $2,500.

“Tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes se pusieron de acuerdo en algo que realmente hace falta… Es una medida que hace mucha justicia social a todos los constituyentes”, manifestó la legisladora, Padilla Alvelo.

“…A los fines de que los alcaldes puedan cumplir de manera efectiva con la política pública declarada por la Asamblea Legislativa, a través del Artículo 1.003 del Código Municipal de Puerto Rico, es necesario ajustar las cantidades máximas dispuestas en e1Artículo 2.034 del Código Municipal. Al presente, dichas partidas, con el costo de vida actual, resultan insuficientes para que los alcaldes puedan proceder de manera eficiente y ágil para atender las necesidades que puedan surgir entre los habitantes de sus respectivos municipios”, plantea en su exposición de motivos la pieza legislativa.

Asimismo, el cuerpo legislativo le dio paso al Proyecto del Senado 1081 de la autoría del senador de la delegación del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, que busca enmendar varios artículos de la Ley 277-2018 con el fin de establecer mayor autonomía fiscal, programática y curricular a la Secretaria Auxiliar de Educación Montessori.

En su turno, la senadora de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, dijo que “estas enmiendas sencillas que propone el proyecto son sumamente importantes, [y] han sido necesarias, ya que el Departamento de Educación y el andamiaje a lo largo de los años ha invertido demasiadas energías en poner trabas a un modelo educativo exitoso, en vez de liberar esas barreras para facilitar su desarrollo… Las enmiendas persiguen fortalecer la Ley 277”.

“En detalle, con las enmiendas contenidas en esta Ley, se establece que la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM) estará ahora encargada de establecer la política pública, el currículo, y el Plan Estratégico de la SAEM a 5 años. Además, la SAEM podrá desarrollar y manejar su presupuesto y el de las EPMs a través de un proceso participativo, supervisar las operaciones de las escuelas, evaluar y verificar el cumplimiento con las metas y objetivos establecidos, seleccionar y evaluar el personal de la SAEM y las EPMs, entre otras funciones relacionadas dirigidas potencian el desarrollo pleno del programa en un marco de participación y consejo de parte de la comunidad”, reza la pieza legislativa.

Otro de los proyectos avalados fue el Proyecto del Senado 968, de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot, que estaría enmendando varios artículos de la Ley 167-2002 a los fines de aclarar el mandato legislativo de que todas las dependencias cuenten con un Programa de Ayuda al Empleado y un Coordinador o Director del Programa de forma interna; establecer requisitos mínimos de educación y educación continua; aclarar las facultades que tendrá la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para la implementación de esta Ley; así como asegurar el cumplimiento en la asignación de fondos para el funcionamiento del programa.

“En particular, el impacto de la salud mental en el ambiente de trabajo es significativo al tomar en consideración que el ser humano invierte más de 8 horas de su día en su trabajo. El horario laboral, el salario, las tareas asignadas, las relaciones con sus compañeros(as), las instalaciones de la organización y las metodologías de trabajo, entre otras, son algunos factores que inciden en su salud integral”, lee la medida.

También, se avaló la Resolución Conjunta del Senado 308 de la autoría de la senadora por el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González Arroyo, que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Compañía de Turismo llevar a cabo todas las gestiones requeridas para la contratación de salvavidas y la instalación de torres salvavidas en la playa Jobos del Municipio de Isabela. Además, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 317 de la autoría de la senadora de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, para ordenarle al Departamento de Educación crear una plaza de Asistente de Servicios Especiales que provea apoyo a estudiantes con enfermedades crónicas cuyos diagnósticos de salud no figuren en las categorías incluidas en la legislación vigente.

Otras medidas avaladas fueron la Resoluciones del Senado 52, 491 y 750; además de la Resolución Conjunta del Senado 374.