La Universidad de Puerto Rico (UPR) agradeció la asignación de 94 millones de dólares que anunció el gobernador Pedro Pierluisi para la universidad pública provenientes de la ley del Plan de Rescate Americano (ARPA).
Según el presidente de la institución, Dr. Jorge Haddock, esto evitará reducciones en nómina y permitirá que cumplan con obligaciones como el pago de las pensiones.
Y es que la determinación del Gobernador pondría fin a la controversia que se suscitó cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó un recorte adicional a la UPR, la cual había destinado estos fondos en su plan fiscal para capitalizar el Sistema de Retiro, que estará atravesando por una reforma de su modelo, para mitigar el impacto de la pandemia y para parear las asignaciones millonarias que recibe de otros fondos federales.
La UPR había propuesto que la partida en cuestión fuera repartida en una lista de iniciativas estratégicas específicas que van dirigidas a atender la mayor parte de los retos, inmediatos y a largo plazo, que el centro docente ha identificado. Los 94 millones de dólares, que elevarían la asignación a la UPR a 501 millones de dólares, serían repartidos de la siguiente manera:
• 40 millones de dólares como aportación adicional destinada a capitalizar el Sistema de Retiro. Esta cifra se sumaría a la asignación regular proyectada de 120 millones de dólares, lo que elevaría la asignación para este propósito a 160 millones anuales de dólares y eliminaría la apertura a una reducción de beneficios a pensionados.
• 10 millones de dólares para el Recinto de Ciencias Médicas como mitigación del impacto de la pandemia del Covid-19 (para el año fiscal 2022)
• 20 millones de dólares para el pareo de fondos federales (para el año fiscal 2022)
• 20 millones de dólares para solventar la liquidez de la institución mediante un fondo de reserva para emergencias. Este fondo ha decrecido 170 millones de dólares desde 2018 debido a las contribuciones adicionales al Sistema de Retiro, a los pagos del servicio de la deuda y gastos por la pandemia, entre otras necesidades que han debido ser cubiertas con este fondo.
• 4 millones de dólares como asignación inicial para el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes. El total estimado de esta inversión es de entre 25 a 35 millones de dólares anuales. Una partida de 30 millones de dólares adicionales se asignaría a partir del año 2023, cuando esté listo el plan de clasificación.
En la pasada reunión de la JCF en la que se certificaron los planes fiscales, tanto la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR como el Primer Ejecutivo hicieron expresiones contundentes en cuanto a la necesidad de esta asignación. Incluso dos miembros de la JCF coincidieron con los planteamientos del gobernador y de la Junta de Gobierno e hicieron duras críticas al análisis fiscal que había hecho el organismo para basar sus decisiones sobre el plan fiscal.
