El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi firmó la Ley Núm. 78-2024, la cual faculta a los proveedores de servicios de salud en el sector privado a negociar colectivamente con los aseguradores de salud las tarifas por sus servicios y los términos de sus contratos como medida dirigida a fomentar condiciones favorables para retener a nuestros médicos y profesionales de salud en la isla.
Esta ley, de la autoría de la representante Sol Higgins, y respaldada de manera multipartita, permitirá a los proveedores de planes médicos privados agrupados, por especialidad, subespecialidad o una misma práctica, a negociar colectivamente las tarifas u otras condiciones contractuales con el asegurador de dicho plan médico. Las tarifas y condiciones contractuales desfavorables a los proveedores en el sector privado que no han sido revisadas en años e inciden negativamente la disponibilidad de servicios de salud, siendo una de las causales principales para el aumento de éxodo de médicos de Puerto Rico a los Estados Unidos experimentado en los últimos años.
La política pública establecida con la aprobación de la Ley Núm. 78, parte de un reconocimiento de las desventajas inherentes en el proceso de negociación de los proveedores frente a los aseguradores de planes médicos privados. Su propósito es establecer un balance de competitividad en la contratación de los servicios de salud que resulte en beneficio a los pacientes y mayor acceso a servicios de salud.
“Por décadas, las posibilidades de negociaciones entre aseguradores y proveedores han resultado “inexistentes e inalcanzables” toda vez que éstas últimas han establecido unilateralmente los términos contractuales y las tarifas a pagar a los proveedores , resultando en falta de procesos colaborativos en la relación entre proveedores y aseguradores de planes médicos que experimentamos hoy en la isla ,” puntualizó Alexander Adams-Vega, Comisionado de Seguros.
Recientemente hemos validado cómo esta situación también ha afectado la situación financiera de algunas instituciones hospitalarias, quienes han llegado a la precaria condición de cerrar o limitar sus operaciones. Este desalineamiento entre los servicios que brindan las instituciones hospitalarias y la remuneración afecta su solvencia directamente y, por tanto, el acceso a servicios hospitalarios a los pacientes.
Las disposiciones de esta Ley están respaldadas en el análisis económico encomendado al Dr. Ramón Cao por la OCS dirigido a habilitar la negociación colectiva en un justo balance para las partes. La Ley 78 reconoce los elementos específicos a la luz del comportamiento actual de las fuerzas del mercado de seguros de salud en Puerto Rico para así hacer viable la negociación colectiva de las tarifas de planes médicos privados sobre bases equitativas que no infrinjan disposiciones de antimonopolio.
Uno de los elementos positivos de la Ley Núm. 78, es que prohíbe específicamente a un plan médico privado imponer o modificar unilateralmente las tarifas a sus proveedores, sin que medie consentimiento previo por escrito. “Sostenemos que la firma de esta Ley traza la ruta para hacer justicia a los profesionales de la salud en Puerto Rico que llevan por años reclamando a los aseguradores de planes médicos privados el pago de una tarifa razonable por sus servicios, así como mejores condiciones en sus contratos,” añadió Adams Vega.
Sabemos que la situación del sistema de salud en Puerto Rico es muy compleja, sin embargo, nos mantenemos enfocados en continuar identificando alternativas viables que permitan aumentar el acceso a los servicios de salud. Similar a esta Ley, y junto a todos aquellos prestos a colaborar en nuestro afán de robustecer el sistema de salud de Puerto Rico, continuaremos dando pasos firmes para promover acciones que permitan que nuestros pacientes puedan recibir la atención que necesitan. Nuestra intención es continuar facilitando procesos esenciales para que en Puerto Rico se disfrute de un sistema de salud digno, efectivo y eficiente”, finalizó Adams Vega.
