La Corte Suprema ha ratificado el trato diferencial de los residentes de Puerto Rico al sentenciar que el Congreso tiene el poder de excluirlos de un programa de beneficios sociales que está disponible en los 50 estados y el Distrito de Columbia.
La Corte votó por ocho a uno el jueves que la exclusión de los puertorriqueños del programa de Seguro Social Suplementario (SSI por sus siglas en inglés), que beneficia a personas mayores, discapacitadas y no videntes, no constituye una discriminación inconstitucional.
El único voto disidente fue el de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor.
El juez Brett Kavanaugh escribió en la sentencia que la corte debía acatar un par de fallos anteriores que ratificaban la ley federal que creó el SSI y excluían a Puerto Rico y otros territorios estadounidenses. El Congreso agregó luego las islas Marianas.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde la guerra con España en 1898 y sus residentes son ciudadanos de Estados Unidos, pero no tienen voto en las elecciones presidenciales ni representación en el Congreso. Tampoco pagan el impuesto federal.
Kavanaugh escribió que “así como no todos los impuestos federales se extienden a los residentes de Puerto Rico, no todos los beneficios sociales federales se extienden a los residentes de Puerto Rico”.
En su disertación, Sotomayor sostuvo que “desde mi punto de vista, no existe un fundamento racional para que el Congreso trate a ciudadanos necesitados que viven en cualquier parte de Estados Unidos de manera tan distinta que a otros. Sostener lo contrario, como hace la Corte, es irracional y antitético a la naturaleza misma del programa SSI y la igualdad de protección de los ciudadanos garantizada por la Constitución. Disiento respetuosamente”.
José Luis Vaello-Madero, el residente de Puerto Rico en el centro del caso, empezó a recibir pagos del SSI después de sufrir una serie de accidentes cerebrovasculares cuando vivía en Nueva York.
Siguió recibiendo pagos en su cuenta bancaria en Nueva York cuando regresó a Puerto Rico. Cuando notificó a la Administración del Seguro Social, los pagos cesaron y el gobierno lo demandó para que devolviera 28.000 dólares.
