Más de 55 organizaciones religiosos, comerciales, profesionales, sindicales, ambientales, industriales, educativas, comunitarias, culturales, trabajadores, pensionados, entre otros entregaron una carta hoy a la jueza Laura Taylor Swain, con copia a los miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, enfatizando nuevamente las consecuencias nefastas de los aumentos a la luz que están exigiendo los bonistas de la AEE.

“Muchas de nuestras organizaciones, junto a casi 800 individuos, ya hemos presentado objeciones al propuesto Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE porque impondrá un cargo insostenible en la economía y al sistema eléctrico de nuestro archipiélago. Estamos seriamente preocupados que los bonistas de la AEE, animados por el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, están insistiendo en recibir un pago aún mayor,” planteó Ramón “Monchito” Ortiz, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. “Para nosotros, estos aumentos a la luz representan un costo adicional de miles de dólares al año que tendríamos que pasar a nuestros clientes”, recalcó.

Los miembros de las organizaciones recordaron que mañana 10 de julio la jueza Swain celebrará una vista judicial para escuchar las interpretaciones de las partes del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el mes pasado.

Precisaron que luego de la decisión del tribunal apelativo en Boston un grupo de bonistas de la AEE, liderados por GoldenTree Asset Management, están solicitando a la jueza que se reinicie el proceso judicial para que el pueblo de Puerto Rico les pague la totalidad de los $8.5 mil millones de la deuda en bonos de la AEE, en vez de los $2.5 mil millones propuestos en el Plan de Ajuste de la Deuda.

“Los reclamos de los bonistas no pueden ir por encima de las necesidades de nuestro pueblo. Nuestro sistema eléctrico está en una condición inaceptable, provocando apagones frecuentes, particularmente durante períodos de calor intenso, lo que pone en riesgo la salud mental y física, bienestar y vida humana. También hay que dar prioridad a resolver la situación del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, que no tiene dinero para seguir pagando las pensiones a partir de septiembre de este año. Los pensionados de la AEE merecen justicia”, puntualizó la Rev. Dra. Lizette Gabriel Montalvo obispa de la Iglesia Metodista.

Las organizaciones enfatizaron que extraer miles de millones de dólares del sistema eléctrico para pagarle a los bonistas socavaría la capacidad de atender las necesidades urgentes del sistema eléctrico.

Por su parte, la Lcda. Marimar Perez-Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios insistió en que el sistema eléctrico necesita mantenimiento y miles de millones de dólares de inversión, más allá de los fondos federales disponibles, para proveer un servicio adecuado.

“Desviar miles de millones de dólares para pagarle a los bonistas perpetúa un sistema eléctrico disfuncional. Particularmente para los miles de puertorriqueños viviendo en condominios, somos rehenes de un sistema eléctrico cada vez más costoso e ineficiente, dado que, por virtud de vivir en un condominio, no podemos movernos hacia la energía solar en techos”, destacó.

De igual forma, Linda Ayala, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad recalcó que “las tarifas más altas que los bonistas quieren imponer para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla. Nuestro sector de salud depende en energía confiable para poder brindar servicios al pueblo”, enfatizó.

La carta urge a la jueza asegurar que este caso de quiebra realmente resulte en un comienzo nuevo para Puerto Rico y su sistema eléctrico.